El expresidente del Estado y exjefe de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, expresó su preocupación por la reciente intervención pública del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, en un asunto político que ha generado controversia en el ámbito gubernamental. La crítica de Rodríguez Veltzé se centra en la participación de Saucedo en las acusaciones contra la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, un hecho que pone en tela de juicio los principios éticos que deben regir a los jueces y, especialmente, a quienes ocupan cargos de alta responsabilidad dentro del sistema judicial.

En su mensaje difundido a través de la red social X, el exmandatario recordó que los jueces, y en particular el presidente del TSJ, tienen la obligación de mantener una postura imparcial ante controversias públicas que no son competencia directa del poder judicial. Según Rodríguez Veltzé, al involucrarse en debates políticos o polémicas ajenas a su función jurisdiccional, las autoridades judiciales pueden comprometer la imagen de independencia y neutralidad que debe caracterizar a la justicia. Esta advertencia remite directamente a los principios y códigos éticos que regulan la conducta judicial y que buscan preservar la confianza ciudadana en las instituciones.

El origen del conflicto se remonta a una entrevista concedida por Andrea Barrientos el 18 de febrero a un medio nacional, donde abordó el tema sensible de la distribución económica entre el gobierno central y las administraciones regionales. En dicho diálogo, la viceministra cuestionó la interpretación simplista del llamado “50/50”, una propuesta política que plantea una repartición equitativa de recursos entre ambos niveles de gobierno. Barrientos aclaró que no se trata simplemente de entregar mitades iguales del presupuesto para que cada entidad asuma responsabilidades unilateralmente, sino que debe existir un ejercicio conjunto y corresponsable en el manejo de esos fondos. Esta explicación generó reacciones encontradas y provocó una controversia inmediata en el escenario político.

La polémica escaló rápidamente cuando al día siguiente Barrientos reconoció públicamente un error en su expresión inicial y ofreció disculpas por cualquier malentendido ocasionado. Sin embargo, estas disculpas no lograron apaciguar los ánimos ni cerrar el debate. Algunos sectores políticos consideraron insuficiente su rectificación e incluso comenzaron a exigir su renuncia como medida necesaria para restaurar la confianza y evitar mayores divisiones dentro del gobierno. Este contexto tensionado fue aprovechado para cuestionar con dureza su gestión y plantear dudas sobre su alineación con las políticas oficiales.

En ese marco fue cuando Rómer Saucedo intervino públicamente el pasado domingo para manifestar su desaprobación hacia las declaraciones y actitudes de Barrientos. El presidente del TSJ subrayó que Bolivia está atravesando un proceso delicado destinado a superar décadas marcadas por divisiones sociales profundas, racismo y discriminación, por lo cual consideró inapropiado e irresponsable revivir discursos que puedan abrir nuevamente esas heridas históricas. Según Saucedo, las palabras de la viceministra contribuyen precisamente a ahondar esas fracturas sociales.

Además, Saucedo enfatizó que funcionarios subalternos no deben contradecir ni obstaculizar las directrices establecidas por el presidente del Estado para promover la unidad nacional y reconciliación entre bolivianos. En este sentido, exhortó al mandatario Rodrigo Paz a escuchar las demandas regionales legítimas y evitar que declaraciones como las de Barrientos empañen sus esfuerzos por construir puentes entre diferentes sectores sociales y territorios. La intervención del titular del TSJ reflejó así un llamado explícito a preservar una imagen coherente dentro del Ejecutivo para fortalecer el proceso político actual.

La reacción crítica de Eduardo Rodríguez Veltzé hacia esta participación directa de Saucedo evidencia una preocupación latente acerca del rol adecuado que deben cumplir los jueces en contextos políticos sensibles. La independencia judicial es fundamental para garantizar un equilibrio institucional donde cada poder actúe dentro de sus competencias sin interferir indebidamente en asuntos propios del otro. La politización o manifestaciones públicas parciales por parte de autoridades judiciales pueden socavar esa independencia y afectar negativamente la percepción ciudadana sobre la justicia.

Este episodio pone en evidencia también los retos complejos que enfrenta Bolivia al intentar consolidar procesos democráticos inclusivos tras años marcados por conflictos sociales profundos. Los debates sobre autonomía regional y distribución equitativa de recursos continúan siendo temas cruciales para lograr estabilidad política y social duradera. La manera en cómo actores claves manejan estas controversias puede influir significativamente en la confianza pública hacia las instituciones estatales.

En definitiva, este caso refleja cómo tensiones políticas internas pueden trascender ámbitos específicos e involucrar directamente al sistema judicial cuando sus máximas autoridades expresan opiniones sobre cuestiones delicadas fuera de su competencia directa. La reflexión planteada por Rodríguez Veltzé invita a reforzar los códigos éticos y promover prácticas institucionales orientadas al respeto mutuo entre poderes públicos, buscando siempre preservar la imparcialidad necesaria para fortalecer el Estado democrático de derecho