Una reciente disposición municipal, la Ley 490, ha generado una considerable incertidumbre en el ámbito de la regularización de planimetrías, al abrogar la normativa anterior, la Ley 268. Esta situación ha dejado a numerosos ciudadanos con trámites pendientes sin la esperada seguridad jurídica.
La Ley 268 había sido concebida para brindar un marco legal a quienes, tras adquirir terrenos de buena fe, se encontraban imposibilitados de formalizar sus documentos. Esta normativa buscaba proteger a aquellos que, sin intención, habían sido afectados por prácticas irregulares en la venta de lotes.
Sin embargo, la implementación de la Ley 490 ha suscitado serias objeciones. Se ha señalado que su proceso de aprobación careció de la debida socialización y no siguió los procedimientos legislativos establecidos. Además, se cuestiona la ausencia de un informe técnico legal que respalde su promulgación, sugiriendo que la norma fue introducida sin el escrutinio adecuado.
Esta nueva legislación ha provocado la paralización de numerosos procesos de planimetría que se encontraban en curso, generando un estancamiento en la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) del municipio. La situación no solo complica la gestión administrativa, sino que también impone cargas económicas innecesarias a los ciudadanos afectados, quienes ven frustradas sus expectativas de regularización.
La aprobación de la Ley 490, impulsada por la presidencia de la comisión técnica del Concejo, ha sido calificada de negligente, especialmente al considerar que ahora se busca introducir una modificación a la misma norma, lo que evidencia un reconocimiento tácito de sus deficiencias iniciales. La falta de observación por parte del Concejo Municipal en pleno ante estas irregularidades ha sido objeto de crítica.
Las repercusiones de esta medida son significativas, afectando tanto las finanzas municipales como la economía de los ciudadanos que buscan la aprobación de sus planimetrías. Ante las numerosas observaciones de carácter legal, se ha planteado incluso la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 490.
Aunque se argumentó inicialmente que la Ley 490 tenía como propósito proteger las áreas verdes, se ha reconocido posteriormente que la medida resultó contraproducente y mal concebida. Es importante precisar que, si bien existe una postura firme contra las actividades de loteadores irregulares, la preocupación principal se centra en la vasta mayoría de ciudadanos que adquirieron propiedades de buena fe y ahora se encuentran en una situación de indefensión jurídica.
En respuesta a esta problemática, una organización vecinal, a través de una concejal, ha presentado un proyecto de ley para abrogar la Ley 490. La propuesta busca la creación de una nueva normativa que sea adecuada a la realidad local, debidamente socializada y libre de las objeciones que presenta la legislación actual. Se espera que este asunto sea abordado prontamente en la comisión correspondiente del Concejo Municipal, con el fin de encontrar una solución a la compleja situación. La Ley 490, a pesar de llevar apenas dos semanas en vigencia desde su promulgación y publicación, ya acumula un considerable número de cuestionamientos
