Gabriela Delgadillo, quien se desempeñó como gerente general de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue detenida y pasó la noche en celdas policiales a la espera de que se lleve a cabo su audiencia de medidas cautelares. Su aprehensión se produjo el lunes 16 de febrero, en un operativo realizado en las inmediaciones de Equipetrol, una zona reconocida de Santa Cruz de la Sierra. La detención responde a una investigación que la vincula con presuntos delitos relacionados con el incumplimiento de deberes y la usurpación de funciones dentro de la estatal petrolera.

La Fiscalía ha señalado que Delgadillo habría actuado fuera del marco legal al firmar documentos oficiales atribuyéndose el cargo de vicepresidenta de YPFB, cargo para el cual no contaba con una designación formal ni autorización correspondiente. Este acto es considerado como usurpación de funciones, un delito que implica el ejercicio ilegítimo de atribuciones que corresponden a otro funcionario o autoridad dentro de una organización pública. Además, se le imputa el incumplimiento de deberes, lo que indica que habría omitido cumplir responsabilidades inherentes a su rol dentro de la empresa estatal.

La detención y apertura del proceso judicial contra una figura relevante como la exgerente general de YPFB tiene implicaciones importantes para la administración pública y el manejo institucional en Bolivia. YPFB es una entidad estratégica para el país, encargada del manejo y explotación de recursos hidrocarburíferos, por lo que cualquier irregularidad administrativa o legal en sus altos mandos puede afectar no solo los procesos internos sino también la confianza pública y las operaciones del sector energético nacional.

El caso pone bajo escrutinio los mecanismos internos para la designación y control en cargos ejecutivos dentro de YPFB, así como las responsabilidades y límites que deben observar quienes ocupan posiciones directivas en organismos estatales. Además, abre un debate sobre la necesidad de fortalecer los controles administrativos para evitar actos que puedan comprometer el correcto funcionamiento institucional y proteger los intereses del Estado.

Mientras Gabriela Delgadillo aguarda la definición judicial sobre las medidas cautelares, este proceso judicial representa un momento clave para esclarecer las circunstancias en las cuales se habrían cometido las presuntas irregularidades. La evolución del caso será seguida con atención por diferentes sectores sociales y políticos, dada la relevancia estratégica que tiene YPFB para Bolivia y los posibles impactos que pueda tener cualquier conflicto interno o denuncia penal sobre su gestión futura. En definitiva, este procedimiento judicial refleja un esfuerzo por garantizar la transparencia y legalidad en el manejo público dentro del área energética nacional