En medio de la creciente tensión generada por las protestas ciudadanas que exigen mejoras en la calidad de la gasolina, el panorama político se intensifica con acusaciones cruzadas entre figuras públicas. Recientemente, el presidente Rodrigo Paz expresó su sospecha acerca de un posible complot dirigido a desestabilizar al Gobierno, en respuesta a las manifestaciones que han puesto en jaque la gestión estatal. Esta declaración no tardó en suscitar reacciones, entre ellas una contundente respuesta del exdiputado Freddy López.
López, quien durante su trayectoria política formó parte del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que históricamente ha tenido una postura crítica frente a ciertos sectores opositores y empresariales, planteó una hipótesis que añade un nuevo matiz a la controversia. Para él, las deficiencias evidenciadas en empresas estatales clave como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Boliviana de Aviación (BoA) no serían meras fallas operativas o administrativas. Por el contrario, sostiene que estas dificultades podrían ser producto de acciones deliberadas y malintencionadas.
El exlegislador sugirió que lo que se observa podría tratarse de un sabotaje interno, señalando directamente a los propios ministros del presidente Paz como los presuntos responsables. Según López, estos funcionarios estarían orquestando maniobras para deteriorar intencionalmente las operaciones de YPFB y BoA. Este deterioro intencionado tendría una finalidad específica: provocar la quiebra de estas empresas estratégicas para abrir paso a procesos de privatización. En su análisis, el aumento inminente en los precios de los pasajes aéreos sería un indicio claro de esta estrategia destinada a debilitar Boliviana de Aviación y justificar su venta al sector privado.
Además del señalamiento hacia miembros del gabinete gubernamental, López extendió sus críticas hacia el propio presidente Paz. Lo acusó de haberse sometido a intereses externos, insinuando que detrás del poder político local existen influencias foráneas que dictan las decisiones internas. Esta postura refleja una percepción de pérdida de soberanía y control sobre los recursos estratégicos del país.
No dejó pasar la oportunidad para involucrar al empresario Samuel Doria Medina en su análisis. Para López, Doria Medina estaría detrás de estos movimientos con el objetivo claro de privatizar empresas estatales, siguiendo un patrón que habría repetido en el pasado con éxito económico personal. Recordó la adquisición del Grupo Soboce por parte del empresario a precios bajos y planteó que ahora estaría buscando replicar ese modelo con compañías clave como YPFB y BoA. Esta acusación añade un componente empresarial al conflicto político y social vigente, sugiriendo la existencia de intereses económicos privados influyendo en decisiones públicas.
Este intercambio verbal entre figuras políticas refleja no solo la complejidad del conflicto generado por las protestas relacionadas con los combustibles sino también las profundas divisiones existentes sobre el manejo y destino de las empresas estatales. La acusación mutua entre el presidente Paz y Freddy López pone en evidencia una lucha interna por el control y la dirección estratégica del sector energético y aeronáutico estatal. Para la población afectada por las deficiencias en servicios esenciales como el suministro de gasolina o transporte aéreo, estas disputas políticas pueden traducirse en prolongadas dificultades y falta de soluciones concretas.
En este contexto, resulta crucial observar cómo evolucionan tanto las protestas sociales como las respuestas políticas e institucionales ante esta problemática. La manera en que se resuelva este conflicto tendrá implicaciones directas sobre la estabilidad económica y social del país, así como sobre el futuro modelo económico respecto a la participación estatal versus privada en sectores estratégicos fundamentales para el desarrollo nacional
