Una reciente determinación judicial ha concedido detención domiciliaria y una fianza de Bs 50.000 a Franklin Flores, ex gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), y a Daniela Arancibia Domínguez, quien fuera fiscal de obras. Esta decisión ha generado el inmediato rechazo de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia. La resolución fue emitida a las 00:24, tras una prolongada lectura que precedió al fallo.

El juez Hugo Huacani, del Juzgado Undécimo de Instrucción en lo Penal, dictaminó estas medidas alternativas después de una audiencia que se extendió por más de nueve horas. Durante la sesión, la representación fiscal expuso los hallazgos de la investigación impulsada por el Ministerio de Justicia, mientras que los abogados defensores procuraron refutar los cargos presentados contra sus clientes.

El caso central gira en torno a la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa, inaugurada el 20 de septiembre de 2024 por el presidente Luis Arce. En aquel momento, se anunció que la inversión para esta infraestructura ascendía a Bs 162 millones. Sin embargo, los documentos contractuales revelan una suma de Bs 148.224.579, lo que representa una diferencia de Bs 13.7 millones por debajo del precio publicitado.

La investigación se originó a partir de un informe del Ministerio de Justicia sobre la edificación de esta planta procesadora de papas fritas en El Alto. Entre las irregularidades detectadas, se constató que la construcción se realizó en un terreno cedido por la Alcaldía de El Alto, pero cuya titularidad no fue consolidada a favor de EMAPA. Adicionalmente, el contrato con la empresa constructora sufrió dos modificaciones, incluyendo un cambio en la fecha de inicio de las obras, lo que otorgó un plazo extendido a los ejecutores. En este contexto, la participación de Daniela Arancibia Domínguez, entonces fiscal de obras, fue clave, y ahora también se encuentra bajo detención domiciliaria.

Se estima que aproximadamente una veintena de funcionarios adicionales, vinculados de diversas formas a la construcción y puesta en marcha de la planta, serán convocados a declarar, lo que podría ampliar el número de investigados más allá de los tres principales exfuncionarios de EMAPA.

Ya en marzo de este año, observaciones públicas señalaron que la fábrica era inoperante, con sus instalaciones sin uso, a pesar de haber sido inaugurada seis meses antes con actos masivos. La planta estaba proyectada para contar con 64 empleados distribuidos en dos turnos, y Flores enfrenta acusaciones por la presunta falta de garantía en la operatividad de la infraestructura, a pesar de la inversión de Bs 162 millones.

**Ampliación del caso**

Ante la detección de estas anomalías, el Ministerio de Justicia procedió a indagar el patrimonio de Flores y de sus coimputados, Arancibia y Vargas. En todos los casos, se identificó un incremento patrimonial que no guarda justificación con el nivel de ingresos que percibían los tres.

Según los datos recabados, Franklin Flores fue investigado en el periodo 2022-2025. Durante esos cuatro años, sus ingresos como gerente de EMAPA sumaron Bs 687.730. No obstante, en una de sus cuentas se detectaron movimientos por Bs 929.635, superando sus ingresos declarados en Bs 241.905. Entre los depositantes, la jefa de recursos humanos, Mabel M.F., realizó transferencias por Bs 136.950 en ese lapso.

El caso de Daniela Arancibia presenta una mayor complejidad. En el mismo periodo 2022-2025, ella manejó cuatro cuentas bancarias en diferentes entidades, administrando sumas de dinero que no guardaban correlación con sus ingresos. Se registraron depósitos por Bs 654.000, cuyo destino se desconoce. Al momento de la investigación, en marzo de este año, sus cuatro cuentas bancarias sumaban un saldo de apenas Bs 15.

En cuanto al administrador Marvel Javier Vargas Ortiz, se le atribuye la propiedad de cuatro vehículos y un inmueble. Además, figura como socio en una consultora de auditoría que obtuvo contratos estatales, un hecho que llamó la atención de la investigación. Se estableció que Vargas Ortiz posee nueve cuentas bancarias, en las cuales recibió un total de Bs 1.499.707 durante los cuatro años de la investigación. Sin embargo, sus ingresos salariales justificarían un monto de Bs 430.315, lo que deja un saldo de Bs 1.069.392 sin respaldo ni justificación.

Los tres individuos enfrentan acusaciones por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito