El expresidente Evo Morales ha emitido una fuerte denuncia contra el actual Gobierno, al señalar que existe un intento deliberado de involucrarlo a él y a otros dirigentes en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Esta acusación surge tras la reciente captura en Bolivia del ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien es señalado como un importante narcotraficante. Morales advierte que dichas vinculaciones serían parte de una estrategia para construir “falsos casos” con el objetivo de desviar la atención y proteger a los verdaderos responsables o encubridores dentro de las instituciones estatales.
En una publicación difundida en sus redes sociales, el exmandatario expuso que ha recibido información según la cual algunos jefes policiales estarían siendo utilizados por el gobierno de Rodrigo Paz para intentar asociarlo a él y a otros líderes políticos con las operaciones ilegales de Marset. Esta maniobra, según Morales, busca encubrir a quienes realmente permitieron que el narcotraficante operara con total impunidad durante un prolongado periodo, especialmente en el departamento de Santa Cruz. El exlíder recordó que estas actividades ocurrieron bajo la administración conjunta del actual presidente Luis Arce y del propio Paz, lo cual implica una crítica directa a la gestión gubernamental vigente.
Morales no se limitó a denunciar esta presunta conspiración sino que también planteó cuestionamientos profundos sobre la capacidad y voluntad de las autoridades para detectar y frenar las operaciones criminales de Marset. Señaló que resulta incomprensible cómo este individuo pudo mantener una operación tan sofisticada y ostentosa sin ser detectado o investigado adecuadamente por los organismos del Estado. Según describió, Marset contaba con recursos logísticos significativos, incluyendo más de quince avionetas, armamento pesado, vehículos blindados e incluso propiedades de lujo como casas y haciendas. Además, su estilo de vida público era marcado por una intensa actividad social en barrios exclusivos donde residen diversas autoridades y personalidades influyentes.
Estas observaciones llevan al exmandatario a cuestionar directamente la complicidad o negligencia de las autoridades durante todo ese tiempo. Se pregunta si realmente no escuchaban rumores ni tenían conocimiento sobre las actividades ilícitas de Marset o si simplemente optaron por ignorar sus millonarios movimientos económicos y su ostentosa vida privada y pública. Asimismo, Morales recuerda que el gobierno paraguayo había denunciado reiteradamente la presencia e influencia del narcotraficante en territorio boliviano, pero que estas alertas fueron negadas o minimizadas por las autoridades locales.
En conjunto, estas declaraciones reflejan no solo una defensa personal frente a acusaciones que considera infundadas sino también un llamado a investigar con mayor profundidad las redes criminales que operan dentro del país y los posibles vínculos o encubrimientos desde instancias oficiales. La denuncia pone en evidencia la preocupación por la permeabilidad del Estado ante actividades delictivas complejas como el narcotráfico y la necesidad urgente de transparencia y responsabilidad en la gestión pública para garantizar justicia y seguridad ciudadana. La situación generada tras la captura de Marset abre un debate crucial sobre cómo se manejan estos casos delicados y cuál es el compromiso real del Gobierno para combatir efectivamente este flagelo social
