La comisión mixta de Constitución, bajo la dirección de la senadora Patricia Arce, una legisladora alineada con el expresidente, convocó a una sesión para este miércoles con el objetivo de debatir un decreto presidencial. No obstante, en el transcurso de la reunión, se planteó de forma imprevista la conformación de una comisión especial dedicada a indagar un supuesto fraude electoral, una cuestión previamente rechazada por la fiscalía de La Paz.

Desde el ámbito legislativo, se ha subrayado que una comisión carece de la potestad para instituir otra comisión de forma autónoma. Su función se restringe a emitir un informe que contenga recomendaciones, siendo la prerrogativa del pleno de la Asamblea la que determina la creación de cualquier nueva instancia. La iniciativa fue percibida como un intento de soslayar la autoridad del cuerpo legislativo en su conjunto.

Esta no representa la primera ocasión en que se intenta establecer una instancia de esta naturaleza. El pasado 2 de octubre, el diputado Gualberto Arispe, otro legislador cercano al expresidente, había presentado una moción en la Cámara de Diputados con el fin de crear una comisión especial para investigar alegaciones específicas. Aquella iniciativa, sin embargo, no logró el apoyo requerido y fue rechazada.

La reunión de este miércoles, programada para las 14:00 horas, se había convocado con el propósito de abordar un decreto presidencial relativo a una amnistía. Durante el desarrollo de este punto, el diputado Patricio Mendoza, otro parlamentario alineado con la corriente del expresidente, presentó una solicitud formal para la creación de la mencionada comisión especial investigadora del presunto fraude electoral. Dicha solicitud fue desestimada por unanimidad entre los presentes.

De manera coincidente, y en el mismo período, el expresidente Evo Morales difundió un mensaje a través de sus plataformas de redes sociales. En su comunicación, el exmandatario expresó su oposición a cualquier intento de remover a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, declarando que la representación parlamentaria afín a su línea no respaldaría, bajo ninguna circunstancia, la extensión del mandato de autoridad alguna.

No obstante la postura manifestada por el expresidente, fueron precisamente legisladores, tanto senadores como diputados, cercanos a su corriente política, quienes promovieron el proyecto de resolución camaral destinado a establecer una comisión especial para investigar el alegado fraude electoral. Una iniciativa de tal índole, de haber prosperado, habría tenido el potencial de interrumpir el proceso electoral en marcha.

Desde distintas bancadas legislativas se emitieron advertencias significativas sobre los riesgos inherentes a esta propuesta. Los argumentos esgrimidos se centraron, por un lado, en el principio de preclusión que rige en estos procesos y, por otro, en la constatación de que las misiones de observación electoral no reportaron irregularidades significativas el 17 de agosto