El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) se ha visto obligado a suspender temporalmente dos de sus programas más populares destinados a agilizar el tránsito de viajeros en los aeropuertos. Se trata de TSA PreCheck y Global Entry, iniciativas que permiten a ciertos pasajeros pasar con mayor rapidez y menor inconveniente por los controles de seguridad, facilitando así su experiencia en los puntos de ingreso al país. Esta interrupción comenzó la mañana del domingo y responde directamente al cierre parcial que enfrenta la agencia debido a la falta de financiamiento aprobado por el Congreso.
La paralización ocurre en un contexto tenso, luego de que los fondos para el DHS expiraran el 14 de febrero. Las negociaciones para extender temporalmente el presupuesto hasta septiembre no prosperaron, provocando un impasse que afecta no solo a estos programas, sino también a otras funciones clave del departamento. El DHS supervisa agencias cruciales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), organismos encargados del control migratorio y la seguridad en fronteras y puertos de entrada.
El bloqueo presupuestario tiene raíces políticas profundas. La mayoría demócrata en el Congreso se opuso a aprobar la financiación porque consideró insuficientes las restricciones impuestas sobre las operaciones del ICE y CBP. Estas agencias han sido objeto de críticas y protestas masivas debido a sus métodos operativos, que han generado controversia pública e incidentes lamentables, incluyendo la muerte de tres ciudadanos estadounidenses en Minneapolis y Texas en episodios relacionados con acciones migratorias. Estas tragedias han intensificado el debate sobre la necesidad de reformar las prácticas actuales del DHS y sus dependencias.
En respuesta a esta situación, Kristi L. Noem, secretaria del DHS, ha señalado que la agencia está tomando decisiones difíciles pero imprescindibles para gestionar sus recursos humanos y materiales ante la falta de financiamiento. Su prioridad es mantener operativos los servicios esenciales para la población viajera general en aeropuertos y puertos internacionales, aunque esto implique pausar temporalmente beneficios como TSA PreCheck y Global Entry. Noem también ha responsabilizado directamente a los demócratas por poner en riesgo la seguridad nacional al bloquear el presupuesto necesario para el funcionamiento del departamento.
Las demandas planteadas por los legisladores demócratas apuntan a modificar profundamente las operaciones del ICE y CBP. Entre sus principales exigencias figura la eliminación de patrullas itinerantes en áreas urbanas, consideradas intrusivas o excesivas por sectores sociales; la prohibición para que agentes migratorios ingresen a ciertos espacios sensibles sin una orden judicial previa; la implementación obligatoria de un código claro sobre el uso legítimo de fuerza; así como medidas destinadas a aumentar la transparencia, como impedir que los funcionarios cubran su rostro o exigirles portar cámaras corporales durante sus intervenciones.
Este enfrentamiento político tiene consecuencias directas para miles de viajeros que utilizan diariamente estos programas acelerados para pasar con mayor comodidad por los controles fronterizos estadounidenses. La suspensión temporal implica mayores tiempos de espera y posibles inconvenientes logísticos para turistas, trabajadores internacionales o residentes que habitualmente se benefician del sistema acelerado TSA PreCheck o Global Entry.
En suma, esta crisis presupuestaria refleja una pugna política profunda entre las prioridades legislativas enfocadas en seguridad nacional frente a demandas sociales por mayor control, transparencia y respeto a derechos civiles dentro del sistema migratorio estadounidense. Mientras se mantiene esta disputa, ciudadanos comunes experimentan interrupciones concretas en servicios que hasta ahora facilitaban sus desplazamientos internacionales. La resolución del conflicto presupuestario será clave para restablecer plenamente estos programas y garantizar un equilibrio entre seguridad efectiva y respeto hacia quienes transitan por las fronteras del país
