Durante el último año, al menos 13 homicidios por encargo relacionados con el narcotráfico fueron reportados en Santa Cruz, según datos preliminares de las autoridades policiales. Sin embargo, se estima que estas cifras podrían ser mayores debido al subregistro de casos vinculados a esta actividad ilícita, que continúa en aumento en Bolivia, conforme a las proyecciones oficiales basadas en informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El Gobierno anticipa que la extensión de cultivos de coca podría alcanzar las 40.000 hectáreas en el presente año, superando en un 82% el límite legal establecido en la Ley 906, que fija un máximo de 22.000 hectáreas. Este crecimiento permitiría una producción potencial de más de 300 toneladas de cocaína, un volumen sin precedentes, según declaraciones del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.
Frente a este panorama, las autoridades nacionales han decidido reactivar y ampliar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, con Estados Unidos como socio estratégico principal y con la intención de fortalecer vínculos con Brasil. Justiniano confirmó que agentes estadounidenses ya se encuentran en el país para realizar un diagnóstico técnico sobre las capacidades de la Policía y otras unidades especializadas en la lucha antidroga. El propósito es avanzar hacia la firma de un acuerdo marco que facilite el intercambio de información, potencie la inteligencia, mejore el apoyo operativo y evite la duplicidad de esfuerzos con otros cooperantes internacionales, como la Unión Europea, que hasta ahora ha sido el principal aliado en esta área y en el desarrollo de alternativas a la producción de cultivos de coca.
El viceministro destacó que esta apertura busca reposicionar a Bolivia como un socio confiable en el esquema internacional contra el narcotráfico, después de años en los que la cooperación se vio afectada por cuestionamientos sobre la transparencia y la eficacia de la política antidroga.
Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, se llevó a cabo un operativo regional coordinado por fuerzas policiales de varios países, con el apoyo de Europol y la DEA, para desarticular una organización dedicada al tráfico de cocaína producida en Bolivia. No obstante, la policía antidroga boliviana no participó en esta acción. Posteriormente, se registró la presencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en territorio nacional, detectado gracias a la inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay. Marset logró escapar en junio de 2023 tras un operativo fallido de la Policía boliviana.
Asimismo, un informe de la Fiscalía de Brasil identificó la presencia de 146 miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) en territorio brasileño, información que fue remitida a las autoridades bolivianas en junio de 2025, aunque no se registró una respuesta inmediata del gobierno.
En respuesta a estas situaciones, el viceministro anunció una revisión interna de los perfiles del personal encargado de tareas sensibles en la lucha contra el narcotráfico, con el objetivo de asegurar la idoneidad de los funcionarios y descartar posibles vínculos con redes criminales. Esta medida busca traducirse en acciones concretas y exhaustivas investigaciones.
La cooperación con Estados Unidos no se limitará al intercambio de información, sino que incluirá transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades, apoyo en aeropuertos, controles con perros adiestrados, inspecciones y respaldo a diversas unidades de seguridad. Este proceso ya está en marcha, con visitas técnicas enfocadas en áreas operativas clave.
Además, el Gobierno pretende involucrar de manera más activa a Brasil, principal destino de la cocaína producida en Bolivia. Aunque Brasil ya colabora en tareas de interdicción y decomiso de drogas, la intención es avanzar hacia una cooperación más directa en la erradicación y prevención de la producción de cocaína dentro del territorio boliviano, dada la relevancia regional del problema.
Los datos respaldan la urgencia de estas acciones. En 2024, el 91,5% de la hoja de coca cultivada en el Trópico de Cochabamba fue destinada al mercado ilegal. De una producción potencial de más de 37.000 toneladas métricas, solo el 8,5% se comercializó en el mercado autorizado de Sacaba, Cochabamba, regulado por la Ley 906 para usos lícitos.
El informe de la UNODC presentado en diciembre de 2025 detalló que en los Yungas de La Paz se detectaron 19.230 hectáreas de cultivos de coca, superando en casi 5.000 hectáreas el límite permitido. En el Trópico de Cochabamba se registraron 14.275 hectáreas, casi el doble de las 7.700 autorizadas para esa región, considerada un bastión político del expresidente Evo Morales.
A nivel nacional, solo el 41% de la producción potencial de hoja de coca fue absorbida por los mercados legales en 2024, evidenciando que la mayor parte del excedente se desvía hacia circuitos ilegales relacionados con el narcotráfico.
El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de Yungas, Daynor Choque, señaló que el informe de la UNODC refuerza la postura de su sector, que demanda una modificación de la Ley 906 para reducir o eliminar la autorización de cultivos en el Chapare, región no tradicional en la producción de coca y donde la mayor parte de la producción se destina al mercado ilegal y a la fabricación de cocaína.
En cuanto a las acciones operativas, el viceministro informó que se realizó un sobrevuelo de tres horas por la región del Trópico de Cochabamba, durante el cual se identificaron pistas clandestinas y se destruyeron factorías vinculadas al narcotráfico. Este tipo de vigilancia aérea pretende realizarse con mayor regularidad para fortalecer el control estatal en estas zonas.
Un desafío significativo en la lucha antidroga es el estado del parque aeronáutico destinado a estas tareas: de las 31 aeronaves asignadas, únicamente dos están operativas, una avioneta y un helicóptero Super Puma. Esta limitación ha impedido la realización de sobrevuelos de control durante meses en áreas críticas para la producción ilegal de coca y cocaína.
El viceministro atribuyó esta situación a la falta de mantenimiento, repuestos, inspecciones técnicas y deudas acumuladas, lo que paralizó gran parte de la flota heredada de gestiones anteriores. La reciente puesta en funcionamiento del helicóptero ha permitido retomar la vigilancia aérea, aunque representa solo un primer paso para superar las deficiencias logísticas existentes.
Estas medidas reflejan un esfuerzo gubernamental por intensificar la lucha contra el narcotráfico, fortalecer la cooperación internacional y mejorar las capacidades operativas para enfrentar un problema que continúa expandiéndose en el país
