Durante el último año, al menos trece personas fueron víctimas de asesinatos por encargo en Santa Cruz, según cifras preliminares de las autoridades policiales. Este número podría ser mayor debido al subregistro relacionado con delitos vinculados al narcotráfico, un fenómeno que, según datos oficiales y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), muestra un crecimiento significativo en Bolivia.

El Gobierno proyecta que la extensión de cultivos de coca alcanzará las 40.000 hectáreas en el presente año, superando en un 82% el límite legal establecido por la Ley 906, que permite un máximo de 22.000 hectáreas. Este incremento posiciona al país con una capacidad potencial de producción de más de 300 toneladas de cocaína, una cifra sin precedentes, según declaraciones del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

En respuesta a esta situación, las autoridades bolivianas han decidido reactivar y ampliar la cooperación internacional en la lucha antidroga, destacando a Estados Unidos como un socio estratégico inmediato y contemplando una mayor colaboración con Brasil. Justiniano confirmó que agentes estadounidenses ya se encuentran en Bolivia realizando un diagnóstico técnico sobre las capacidades de la Policía y otras unidades involucradas en la lucha contra el narcotráfico. El objetivo es avanzar hacia un acuerdo marco que facilite el intercambio de información, fortalezca la inteligencia, mejore el apoyo operativo y evite la duplicación de esfuerzos con otros socios internacionales como la Unión Europea, que hasta ahora ha sido el principal colaborador en esta materia.

El viceministro enfatizó que esta apertura busca reposicionar a Bolivia como un país confiable dentro del sistema internacional de lucha contra el narcotráfico, tras años en los que la política antidroga nacional se vio afectada por cuestionamientos sobre la transparencia y la confianza para compartir información.

Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, se llevó a cabo un operativo regional conjunto con apoyo de Europol y la DEA, destinado a desarticular una red de tráfico de cocaína producida en Bolivia; sin embargo, la Policía antidroga boliviana no participó en esta acción. Posteriormente, se detectó la presencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en territorio boliviano, información proveniente de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, aunque Marset logró evadir la captura tras un operativo fallido en junio de 2023.

Además, un informe de la Fiscalía de Brasil identificó la presencia de 146 miembros del grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC) en Bolivia. Este reporte fue entregado al gobierno boliviano en junio de 2025, pero no recibió una respuesta inmediata por parte de las autoridades nacionales.

En este contexto, el viceministro anunció que se realizará una revisión interna de los perfiles de quienes ocupan cargos sensibles en la lucha contra el narcotráfico para asegurar la idoneidad y descartar posibles vínculos con organizaciones criminales. Asimismo, señaló que la cooperación con Estados Unidos no se limitará al intercambio de información, sino que incluirá el aporte tecnológico, fortalecimiento de capacidades, apoyo en aeropuertos, controles con canes y respaldo a diversas unidades de seguridad, con visitas técnicas ya en curso.

El Gobierno también busca incrementar la participación de Brasil en tareas de erradicación y prevención de la producción de cocaína dentro de Bolivia, dada la relevancia de este país como destino principal de la droga. El viceministro destacó la importancia de esta colaboración para mitigar los impactos regionales del narcotráfico.

Los datos recientes confirman la gravedad del problema: en 2024, el 91,5% de la coca cultivada en el Trópico de Cochabamba terminó en el mercado ilegal. De una producción potencial de 37.215 toneladas métricas, solo el 8,5% fue comercializado en el mercado autorizado de Sacaba, Cochabamba, que regula la venta para usos legales según la Ley 906.

El informe de la UNODC, presentado en diciembre de 2025, reveló que en los Yungas de La Paz se detectaron 19.230 hectáreas de coca, casi 5.000 más del límite permitido, mientras que en el Trópico de Cochabamba se contabilizaron 14.275 hectáreas, casi el doble de las 7.700 autorizadas para esa zona, considerada un bastión político del expresidente Evo Morales.

A nivel nacional, solo el 41% de la producción potencial de hoja de coca fue absorbida por los mercados legales en 2024, lo que indica que la mayor parte del excedente se desvía hacia circuitos ilegales relacionados con el narcotráfico.

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de Yungas, Daynor Choque, señaló que el informe de la UNODC respalda la postura de su sector, que demanda una modificación de la Ley 906 para reducir o eliminar la autorización de cultivos en el Chapare, una región no considerada tradicionalmente productora de coca y cuya producción se destina mayormente al mercado ilegal y la fabricación de cocaína.

En cuanto a las acciones operativas, el viceministro Justiniano informó que se realizó un sobrevuelo de tres horas en el Trópico de Cochabamba, durante el cual se identificaron pistas clandestinas y se destruyeron factorías vinculadas a la producción ilícita. Este tipo de vigilancia aérea, aunque no constituye un operativo formal, se espera que se intensifique en el futuro para fortalecer el control estatal en estas áreas.

No obstante, la lucha antidroga enfrenta limitaciones significativas en materia logística. De las 31 aeronaves asignadas a tareas de interdicción y apoyo, solo dos se encuentran operativas: una avioneta y un helicóptero Super Puma, según detalló el viceministro. Esta situación, atribuida a falta de mantenimiento, deudas acumuladas y ausencia de inspecciones técnicas, explica la ausencia prolongada de sobrevuelos en zonas críticas como el Trópico de Cochabamba.

El reciente restablecimiento del helicóptero operativo por parte de la Fuerza Aérea marca un primer avance en la vigilancia aérea, aunque persisten desafíos logísticos que el Gobierno busca superar para fortalecer la capacidad de control y erradicación en la lucha contra el narcotráfico