Durante los últimos cinco meses, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de operaciones militares en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, que han resultado en la destrucción de al menos 35 embarcaciones y la muerte de más de cien personas, según informes oficiales. Estas acciones forman parte de una ofensiva antidrogas que el gobierno estadounidense ha intensificado bajo la administración de Donald Trump, quien califica a los carteles latinoamericanos de narcotráfico como organizaciones terroristas y ha declarado un “conflicto armado directo” contra ellas.
En agosto, se ordenó el despliegue de buques militares en el Caribe, con especial atención en zonas cercanas a Venezuela, extendiendo posteriormente las operaciones hacia el océano Pacífico, incluyendo áreas próximas a Colombia. Estas intervenciones han sido justificadas por Estados Unidos como medidas necesarias para combatir el tráfico ilícito de drogas, aunque han generado denuncias por parte de los gobiernos de Venezuela y Colombia, quienes consideran estos ataques como ejecuciones extrajudiciales. La Organización de las Naciones Unidas ha expresado preocupación por posibles violaciones al derecho internacional y ha solicitado la suspensión de estas acciones.
El control y escrutinio de estas operaciones ha aumentado en el Congreso estadounidense, especialmente tras un incidente ocurrido en septiembre, cuando un bombardeo finalizó con la vida de dos sobrevivientes, situación que ha sido analizada por expertos como un posible crimen.
A lo largo de este periodo, se han registrado múltiples ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. En septiembre, el primer ataque reportado ocurrió en el Caribe, donde se aseguró que a bordo viajaban once miembros del grupo conocido como Tren de Aragua, presuntamente trasladando estupefacientes desde Venezuela hacia Estados Unidos. Aunque se difundió material audiovisual del operativo, no se presentaron pruebas concluyentes que confirmaran el vínculo con el narcotráfico.
Posteriormente, se documentaron otros ataques que dejaron varias víctimas mortales, incluyendo un episodio en octubre donde un submarino artesanal fue atacado, resultando en dos fallecidos y dos sobrevivientes que fueron repatriados sin enfrentar procesos judiciales, a pesar de las acusaciones de narcotráfico en su contra. En otra operación, se hundió una embarcación supuestamente vinculada al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero colombiano, con un saldo de tres muertos.
En octubre y noviembre, la ofensiva se intensificó con varios ataques en el Pacífico y el Caribe, ocasionando decenas de muertes. Destaca un bombardeo que resultó en la muerte de catorce personas, el más letal hasta ese momento, y que involucró a múltiples embarcaciones. A finales de noviembre, se presentó formalmente la operación militar denominada ‘Southern Spear’, orientada a combatir el narcotráfico en la región.
Durante diciembre, las acciones continuaron con la destrucción de varias lanchas en el Pacífico Oriental, causando más pérdidas humanas. El Comando Sur de Estados Unidos calificó algunas de estas embarcaciones como de “bajo perfil”, pero no ofreció detalles específicos sobre las ubicaciones exactas de los ataques.
En los últimos días del año, se reportó un ataque contra una “gran instalación” en una zona portuaria utilizada para cargar drogas en embarcaciones, aunque no se reveló el lugar exacto. Informes posteriores sugirieron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) podría haber llevado a cabo un ataque con drones en Venezuela, lo que representaría la primera acción militar estadounidense conocida dentro del territorio venezolano.
Finalmente, el 31 de diciembre, el Ejército estadounidense comunicó la destrucción de tres embarcaciones adicionales en un operativo realizado en aguas internacionales, que dejó al menos tres fallecidos. No se especificó si este último ataque tuvo lugar en el Caribe o en el Pacífico.
Estas operaciones reflejan la escalada en la estrategia de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico en la región, aunque continúan generando controversias y cuestionamientos sobre su legalidad y el respeto a los derechos humanos
