Con la inminencia del traspaso de mando presidencial, el equipo de transición de Rodrigo Paz se encuentra en la fase final de preparación de los documentos que acompañarán la asunción de la nueva administración el próximo 8 de noviembre. Este evento marcará el inicio de un nuevo capítulo en la conducción del Estado.

Desde el seno del equipo técnico, se ha adelantado que la gestión entrante tiene previsto implementar una serie de auditorías en diversas carteras ministeriales y empresas estatales. Esta decisión surge a raíz de la identificación de serias anomalías financieras y desequilibrios presupuestarios durante el periodo del Movimiento al Socialismo. La comisión encargada de la transición ha llevado a cabo una labor exhaustiva de recopilación de datos, cuyo resultado se plasmará en un informe que el presidente electo, Rodrigo Paz, detallará en su discurso inaugural. Si bien algunos sectores empresariales han solicitado un escrutinio específico para el Ministerio de Desarrollo Productivo, la evaluación se extenderá a múltiples instituciones.

El panorama que hereda el gobierno de Paz es uno de desafío, con diversas entidades estatales operando en una situación económica precaria. Se considera indispensable una revisión profunda y una auditoría integral de todas las dependencias gubernamentales para comprender cabalmente las circunstancias que han conducido a esta compleja situación.

En un acto protocolario realizado esta semana, Rodrigo Paz y Edmad Lara recibieron las credenciales que los confirman como los próximos líderes del país. Simultáneamente, el presidente saliente, Luis Arce, aceptó en la Casa Grande del Pueblo la dimisión de sus diecisiete ministros, dejando así la estructura administrativa del Estado a disposición de las nuevas autoridades.

La revisión de la gestión precedente, calificada internamente como un escrutinio forense, ha avanzado significativamente. Tras concluir los encuentros con los diecisiete ministerios del Órgano Ejecutivo, la fase actual se centra en el análisis documental. El propósito fundamental de este proceso es identificar cualquier irregularidad, deficiencia administrativa o pasivo financiero presente en aquellas carteras consideradas de mayor compromiso. Entre las áreas que han generado particular preocupación se encuentran: el Ministerio de Obras Públicas, donde la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) enfrenta un desafío de sostenibilidad debido a sus bajos ingresos y elevado endeudamiento; el Ministerio de Planificación del Desarrollo, con observaciones sobre la administración del gasto público y los compromisos de deuda interna; el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuya operatividad ha sido objeto de cuestionamientos tras las controversias en torno al Censo de Población y Vivienda de 2024; y las operaciones de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en lo referente a la importación de combustibles e inversiones. El propio presidente electo, Rodrigo Paz, ha manifestado su intención de poner especial atención en la petrolera estatal.

El informe final de la transición será presentado con antelación a los actos oficiales del sábado 8 de noviembre, fecha en que Luis Arce Catacora cederá el poder a Rodrigo Paz Pereira, en una jornada histórica que coincide con el Bicentenario de Bolivia. Se anticipa que el discurso del presidente electo ante la Asamblea Legislativa ofrecerá un diagnóstico exhaustivo de la nación, haciendo hincapié en el estado de las finanzas públicas, el nivel de endeudamiento, la escasez de reservas internacionales y el deterioro institucional experimentado en los últimos años. La ciudadanía tiene derecho a conocer con total transparencia la situación en la que el nuevo gobierno asume sus responsabilidades, en un ejercicio que busca la rendición de cuentas y la reconstrucción de la confianza pública, más allá de cualquier consideración política