El Gobierno nacional ha presentado un proyecto de ley ambicioso que busca aliviar la carga tributaria y reordenar el sistema fiscal, con un enfoque especial en la formalización económica de empresas afectadas por deudas históricas. Esta iniciativa, conocida como Ley de Transparencia y Alivio Tributario, fue divulgada recientemente y ha generado un clima mixto de expectativas y cautela tanto en el sector empresarial como entre los expertos en economía. Su principal objetivo es ofrecer una solución integral a la acumulación de obligaciones tributarias que muchas empresas han enfrentado en las últimas décadas, permitiendo así que aquellas con cuentas congeladas o embargos puedan reincorporarse plenamente al sistema formal.
El contexto económico actual, caracterizado por una desaceleración del crecimiento y una presión tributaria creciente, ha exacerbado las tensiones entre los contribuyentes y el Estado. En este escenario, la propuesta pretende establecer un nuevo marco regulatorio que facilite la relación fiscal, estableciendo reglas claras y plazos definidos para la acción del fisco. La iniciativa se presenta como un intento de superar prácticas consideradas abusivas por parte del Estado en sus procesos de fiscalización y cobro, que hasta ahora no han contemplado límites temporales claros para la revisión y ejecución de las obligaciones tributarias.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la creación del Régimen Tributario Especial denominado “SIETE”, diseñado para apoyar a pequeños proveedores en sectores clave como la gastronomía, construcción y servicios. Este régimen simplifica el pago de impuestos al consolidar el IVA, Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) e Impuesto a las Transacciones (IT) en un solo pago bimestral con una tasa fija del 5% sobre ingresos brutos anuales inferiores a Bs 400.000. La medida busca incentivar la formalización al reducir considerablemente la carga administrativa y facilitar la emisión de facturas, combatiendo así uno de los principales factores que empujan a miles de pequeños negocios hacia la informalidad.
Otro pilar fundamental es la reducción del plazo para la prescripción tributaria. El proyecto recorta estos plazos a cuatro años para fines de fiscalización y determinación de deudas, mientras que limita a dos años el período para ejecutar cobros efectivos. Esta modificación elimina la imprescriptibilidad que durante mucho tiempo ha generado incertidumbre legal y paralización financiera para muchas empresas y personas naturales, cuyo patrimonio ha quedado congelado bajo procesos abiertos indefinidamente.
En cuanto a la deuda histórica acumulada hasta finales del 2017, el proyecto establece una amnistía tributaria extraordinaria para aquellas obligaciones cuyo monto no exceda los Bs 10 millones. En estos casos se condonan completamente el capital adeudado, así como intereses y multas asociadas. Esta medida apunta directamente a sanear una cartera antigua que ha impedido a muchos contribuyentes recuperar su operatividad dentro del sistema formal; además busca aliviar los efectos negativos derivados del embargo o congelamiento de activos producto de esas cargas fiscales.
Para las obligaciones surgidas entre 2018 y 2026 se plantea un régimen especial de regularización donde solo se deberá pagar el tributo actualizado sin intereses ni multas adicionales. Los contribuyentes tendrán un plazo máximo de 120 días para acogerse al beneficio con opciones flexibles que incluyen pagos al contado o planes fraccionados hasta en 24 meses. Este esquema intenta equilibrar el alivio financiero con las necesidades recaudatorias del Estado sin sacrificar completamente los ingresos fiscales.
Una medida técnica pero con impacto directo en los contribuyentes es la corrección aplicada al cálculo del IVA. Al eliminarse el método “por dentro”, se reduce efectivamente la tasa impositiva real desde un 14,94% hasta aproximadamente un 13%, mostrando el impuesto desglosado explícitamente en las facturas emitidas. El Gobierno sostiene que esta modificación no representa un aumento sino una mejora en transparencia fiscal destinada a disminuir errores administrativos e incluso contribuir potencialmente a una reducción generalizada en los precios finales.
La reacción desde el empresariado local en Tarija ha sido prudente pero positiva respecto al anuncio. El vicepresidente de la Federación de Empresarios Privados destacó que este proyecto representa un primer paso hacia una reforma tributaria más amplia que históricamente ha sido reclamada por diversos sectores productivos. Si bien valoró las medidas orientadas a simplificar trámites y resolver situaciones acumuladas por años mediante prescripción y condonación, también enfatizó que aún quedan pendientes aspectos importantes como modificaciones al Impuesto a Consumos Específicos (ICE), cuya actualización podría generar beneficios significativos para industrias estratégicas regionales como la vitivinícola.
Los análisis económicos coinciden en señalar que esta ley puede generar alivio financiero inmediato para muchas empresas afectadas por pasivos fiscales prolongados, mejorar notablemente su seguridad jurídica e incentivar procesos formales dentro del sector productivo nacional. Sin embargo, advierten sobre los desafíos políticos que implica su aprobación definitiva en la Asamblea Legislativa Plurinacional debido a posibles resistencias internas y conflictos entre distintos actores políticos e institucionales.
Desde una perspectiva presupuestaria, expertos resaltan que aunque existe un potencial impacto negativo sobre los ingresos fiscales por cuenta de condonaciones masivas, este efecto podría mitigarse si se acompaña con políticas adecuadas para contener el gasto público. En términos generales, consideran esta iniciativa más como un esfuerzo por ordenar el sistema tributario vigente y limpiar cartera histórica problemática que como una reforma estructural profunda capaz de resolver todos los desequilibrios fiscales actuales.
En conclusión, el proyecto Ley de Transparencia y Alivio Tributario representa una respuesta gubernamental relevante frente al deterioro económico evidenciado por empresas con obligaciones tributarias atrasadas desde hace años. Su éxito dependerá no solo del contenido técnico sino también del consenso político necesario para implementarlo plenamente y acompañarlo con medidas complementarias orientadas hacia una reforma tributaria integral capaz de promover estabilidad fiscal, justicia impositiva y desarrollo sostenible dentro del país
