Una orden de aprehensión ha sido emitida por la Fiscalía departamental de La Paz contra el exministro de Justicia, César Siles. Esta medida se toma en conexión con la investigación conocida como el Caso Consorcio, que sondea una presunta red dedicada a la manipulación dentro del sistema judicial del país.

Esta acción judicial se produce aproximadamente una semana después de que los detalles del Caso Consorcio emergieran públicamente. El señor Siles está implicado en alegadamente idear una estrategia para iniciar una denuncia con el fin de remover a la Magistrada Fanny Coaquira de su posición.

El titular del Ministerio Público, Roger Mariaca, confirmó que el equipo de fiscales a cargo de la investigación determinó la necesidad de emitir tanto una resolución de aprehensión como el correspondiente mandamiento para el exministro.

El caso cobró relevancia tras la renuncia del señor Siles a su cargo ministerial, ocurrida solo dos días antes, la cual justificó mencionando rumores que, según él, requerían aclaración. Su partida precedió el desarrollo público del caso, que desde entonces ha llevado a la detención de al menos seis individuos presuntamente vinculados al esquema.

La implicación del señor Siles reportadamente deriva de una declaración ampliatoria proporcionada por el Juez Fernando Lea Plaza, de Coroico. En su testimonio en el marco del Caso Consorcio, el Juez Lea Plaza habría identificado al exministro de Justicia como el funcionario que ejerció presión sobre él para suspender a la Magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, alegadamente bajo amenaza de destitución de su propio rol judicial.

En su declaración, el Juez Plaza también señaló al Magistrado Suplente Iván Campero, a la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Claudia Castro, y al expresidente del TDJ paceño, Yván Córdova.

Respecto a la validez de la documentación presentada por la Magistrada Fanny Coaquira durante su proceso de preselección, el Fiscal General, Roger Mariaca, aclaró que la responsabilidad de verificar tales documentos residía en las comisiones establecidas por la Asamblea Legislativa para este propósito. El señor Mariaca enfatizó que estos cuerpos legislativos sirvieron como el filtro inicial encargado de revisar las credenciales sometidas por todos los candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental. Indicó que la diligencia o falta de ella en este proceso de verificación por parte de las comisiones de la Asamblea es una cuestión distinta al ámbito del Ministerio Público.

Asimismo, el Fiscal General defendió la elección de la señora Coaquira, señalando que fue escogida por los votantes en el departamento de La Paz y aseguró una victoria limpia en las urnas. Estableció un paralelo con su propio proceso de selección, el cual también implicó una revisión documental por parte de los legisladores