En las últimas semanas, el panorama político ha sido testigo de una serie de maniobras que buscan influir o incluso desestabilizar el proceso electoral en curso. Estas acciones, impulsadas por diversas facciones internas y figuras políticas, han generado un debate significativo sobre la integridad de los próximos comicios.
Uno de los primeros episodios se registró a mediados de septiembre, cuando un legislador por Potosí, quien previamente había postulado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2020 y había sido un firme partidario del expresidente Evo Morales antes de alinearse con la corriente arcista en 2023 y posteriormente con la candidatura de Andrónico Rodríguez en 2025, presentó una propuesta legislativa. Dicha iniciativa, contenida en un único artículo, planteaba la suspensión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la extensión del mandato del gobierno actual. La justificación esgrimida para esta medida se centraba en un supuesto incumplimiento de la paridad de género en las elecciones de diciembre de 2024. Sorprendentemente, el proyecto fue tramitado con inusual celeridad por una de las facciones políticas, eludiendo los controles legislativos habituales.
Una semana después, ante la controversia generada por su propuesta, el senador retiró el proyecto, alegando que su contenido había sido modificado sin su consentimiento. En este contexto, un candidato presidencial de la oposición, Tuto Quiroga, instó públicamente a Andrónico Rodríguez a pronunciarse sobre este intento inicial de alterar el calendario electoral, recordándole un compromiso previo para asegurar la garantía de los comicios de octubre.
Paralelamente, se registró otro esfuerzo por perturbar el desarrollo electoral. Días después, un excandidato a diputado acudió a la fiscalía de La Paz para formalizar una denuncia. Su acusación versaba sobre una presunta alteración de actas electorales correspondientes a la primera vuelta de los comicios celebrados el 17 de agosto. El denunciante afirmó poseer pruebas documentales y testimonios suficientes para respaldar su reclamo, solicitando la intervención del fiscal general.
Aprovechando esta denuncia, un diputado, conocido por su lealtad al expresidente Evo Morales, propuso la creación de una comisión de investigación en la Cámara de Diputados. La directiva de la Cámara Baja, encabezada por un representante de la corriente arcista, aceptó la moción y procedió a la lectura de la resolución cameral. Sin embargo, la estrategia no prosperó. Diputados de la oposición, al percibir la intención detrás de la propuesta, optaron por abandonar la sesión, dejando a la directiva sin el quórum necesario para continuar, lo que impidió el avance de la iniciativa. A pesar de este revés, los seguidores del expresidente no desistieron y, horas más tarde, convocaron a una conferencia de prensa para reiterar su denuncia y exigir una investigación parlamentaria.
Hasta el momento, estas maniobras no han logrado su objetivo. Tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Fiscalía han emitido comunicados institucionales, rechazando y denunciando estos intentos de desestabilización. Por su parte, el presidente Luis Arce condenó las iniciativas, aunque su pronunciamiento no incluyó comentarios sobre la actuación del miembro de su partido que facilitó la tramitación de la propuesta del diputado
