Ernesto Justiniano, el zar antidroga de Bolivia, ha ofrecido una visión inquietante sobre la lucha contra el narcotráfico en el país, afirmando que la efectividad de las acciones implementadas es alarmantemente baja, con un índice de interdicción que apenas alcanza el 10%. En una reciente entrevista, Justiniano reflexionó sobre la captura de narcotraficantes de alto perfil, como Sebastián Marset, detenido en marzo en Santa Cruz y posteriormente extraditado a Estados Unidos. “Si se agarra un Marset, probablemente otros nueve se están cocinando”, advirtió el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas.

Justiniano explicó que este escaso porcentaje de efectividad implica que de cada cien toneladas de cocaína producidas, solo diez son interceptadas. Este panorama se agrava por la persistencia de estructuras criminales que operan en el país. Aunque expresó dudas sobre la existencia de otro narcotraficante del calibre de Marset en Bolivia, reconoció que hay otros objetivos de alto valor criminal en los que las autoridades están trabajando.

La figura de Marset es especialmente preocupante debido a su conexión con organizaciones criminales internacionales. Justiniano destacó su papel como “un distribuidor importante de drogas a nivel mundial” y confirmó sus vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC) y posibles relaciones con el Comando Vermelho, ambos grupos brasileños. Esto subraya la necesidad urgente para Bolivia de dejar de ser un país atractivo para el narcotráfico, un objetivo que se vuelve cada vez más complicado ante la creciente producción de cocaína.

En cuanto a la producción nacional, Justiniano reveló que Bolivia tiene un potencial estimado de 300 toneladas métricas anuales de cocaína. Esta cifra supera las proyecciones más conservadoras realizadas por organismos antidroga internacionales. La tasa actual refleja un aumento preocupante en comparación con los 200 toneladas calculados por las Naciones Unidas para 2024. El viceministro atribuyó esta situación a una disminución significativa en las acciones de erradicación durante el gobierno del expresidente Luis Arce, quien dejó su cargo recientemente.

A nivel territorial, Bolivia cuenta actualmente con aproximadamente 40.000 hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca. De estas, alrededor de 22.000 hectáreas están legalizadas bajo una ley promulgada en 2017 durante la administración del expresidente Evo Morales, que permitió aumentar considerablemente la superficie cultivable. Justiniano también mencionó que cada año se cultivan cerca de 10.000 hectáreas adicionales y que el nuevo gobierno busca erradicar esta misma cantidad anualmente para lograr un equilibrio necesario.

En particular, la zona cocalera del Trópico de Cochabamba es crítica en este contexto. Justiniano estimó que allí existen alrededor de 15.000 hectáreas cultivadas, muchas fuera del marco legal establecido. Alarmantemente, apuntó que hasta un 92% del cultivo producido en esta área termina alimentando mercados ilegales relacionados con el narcotráfico.

La situación exige una revisión urgente y exhaustiva; según estudios previos realizados durante la gestión Morales, se necesitaban al menos 14.700 hectáreas para satisfacer el consumo legal y cultural del producto. Ante esta realidad compleja y multifacética, Justiniano anunció planes para impulsar estudios actualizados gracias a la cooperación internacional, con el fin específico de entender mejor los factores detrás del proceso de conversión desde hoja de coca a cocaína y así mejorar las estrategias antidroga implementadas en Bolivia.