Con la cercanía de las elecciones subnacionales programadas para el próximo 22 de marzo, se ha dado inicio a un proceso fundamental para garantizar la correcta organización y desarrollo de los comicios: la notificación y designación de los jurados electorales. Esta etapa marca un paso clave en la logística electoral, ya que define quiénes serán los responsables de supervisar y administrar las mesas de votación en todo el territorio correspondiente.

En el departamento de Santa Cruz, uno de los más poblados y con alta participación ciudadana, el padrón electoral cuenta con más de dos millones de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto. De esta cifra total, se ha seleccionado un grupo considerablemente amplio de jurados electorales, compuesto exactamente por 26.886 hombres y un número igual de mujeres, sumando un total de 53.772 personas encargadas de velar por la transparencia y el correcto desarrollo del proceso electoral. Estos jurados estarán distribuidos en 8.962 mesas de sufragio, las cuales estarán ubicadas estratégicamente en diferentes puntos del departamento para facilitar el acceso a los votantes.

La publicación oficial de la lista con los nombres de quienes han sido designados como jurados electorales se realizó el pasado domingo a través de medios impresos reconocidos, como EL DEBER, así como en plataformas digitales oficiales del Tribunal Electoral Departamental (TED) Santa Cruz. Esta divulgación pública es esencial para garantizar la transparencia del proceso y permitir que los ciudadanos conozcan si han sido seleccionados para cumplir esta función cívica.

Tras esta publicación inicial, comenzó el período formal de notificación a cada uno de los designados. La entrega directa o mediante comunicación oficial busca informar a estas personas sobre su rol y las responsabilidades que deberán asumir durante el día electoral. Además, esta fase incluye la convocatoria para recibir la capacitación necesaria que les permita desempeñar adecuadamente sus funciones en las mesas electorales.

Un aspecto crucial que abre este proceso es la posibilidad que tienen los seleccionados para presentar excusas si consideran que no pueden cumplir con esta obligación ciudadana por razones justificadas. Este lapso para presentar excusas se extiende desde el lunes 23 de febrero hasta el domingo 1 de marzo, ofreciendo una semana completa para que quienes se encuentren impedidos puedan formalizar su solicitud ante las autoridades electorales.

La legislación vigente establece claramente cuáles son las causas válidas para excusarse del rol como jurado electoral. Entre ellas se encuentran condiciones médicas certificadas por profesionales, como enfermedades o estados especiales como la gravidez. También se contemplan situaciones extraordinarias comprobables documentalmente, denominadas fuerza mayor o caso fortuito. Otro motivo reconocido es la participación activa en organizaciones políticas como dirigente o candidato debidamente acreditado, lo cual podría generar conflicto de interés al momento del ejercicio del cargo.

Además, personas que presten servicios públicos o privados considerados indispensables durante la jornada electoral tienen derecho a excusarse. La ley también protege a los adultos mayores mayores de 60 años y aquellos que tengan bajo su cuidado dependientes con enfermedades incapacitantes, reconociendo así circunstancias personales que dificultan cumplir con esta responsabilidad cívica.

Para formalizar la excusa, los interesados deben dirigirse al Tribunal Electoral Departamental correspondiente a su región y completar un formulario específico diseñado para este fin. Este procedimiento busca sistematizar las solicitudes y garantizar que cada caso sea evaluado conforme a lo estipulado por la normativa electoral.

El cumplimiento riguroso tanto en la designación como en la notificación y eventual presentación de excusas es esencial para asegurar que cada mesa electoral cuente con jurados capacitados y comprometidos durante las elecciones subnacionales. Esto repercute directamente en la calidad del proceso democrático y fortalece el ejercicio del voto libre e informado por parte de toda la ciudadanía cruceña.

En definitiva, este procedimiento refleja una etapa decisiva dentro del calendario electoral, donde se conjugan aspectos legales, logísticos y sociales con el objetivo común de llevar adelante unas elecciones transparentes y ordenadas. La participación activa tanto del órgano electoral como del electorado designado demuestra el compromiso institucional y ciudadano con los principios democráticos fundamentales