Entre 2005 y 2024, la Región Autónoma del Chaco recibió aproximadamente 13.954 millones de bolivianos (equivalentes a 2.034 millones de dólares) provenientes de la renta del gas. A pesar de esta significativa inyección de recursos, las condiciones socioeconómicas de la población continúan siendo preocupantes, con altos niveles de pobreza y carencias en servicios básicos, especialmente en las áreas rurales.
Los datos del Censo de Población y Vivienda 2024 evidencian que la pobreza rural en el Chaco alcanza el 43,3%, con una indigencia que supera en diez veces la urbana. Cerca del 25% de la población rural vive en situación de marginalidad o indigencia, y el 37,9% aún utiliza leña, bosta o carbón para cocinar, además de carecer de acceso a electricidad. Estas cifras reflejan que, pese a los recursos recibidos, la realidad social no ha experimentado mejoras sustanciales.
En términos habitacionales, casi el 20% de los habitantes rurales reside en viviendas con pisos de tierra, paredes de adobe o techos de paja, mientras que en zonas urbanas esta cifra disminuyó notablemente. El hacinamiento es uno de los problemas más críticos, afectando al 72,1% de la población regional, con un 75,1% en áreas rurales. En cuanto a acceso a agua potable y saneamiento, el 27,5% de la población rural enfrenta limitaciones, y el 16,5% en zonas urbanas también presenta dificultades.
El acceso a la energía ha mejorado a nivel regional, reduciéndose del 24,1% al 13,7% la población sin electricidad, pero en el área rural persisten deficiencias significativas. En educación, el 39,2% de la población presenta niveles bajos, analfabetismo o inasistencia escolar, cifra que asciende al 56,7% en el campo. En salud, casi un 10% de la población rural no tiene acceso a servicios formales, con una incidencia general de pobreza en salud del 8,8%.
Un análisis económico realizado por el especialista Fernando Romero destaca que, durante casi dos décadas, los recursos asignados no se tradujeron en una transformación estructural de la región. Según sus cálculos, cada habitante del Chaco habría recibido en promedio 87.616 bolivianos acumulados, pero la falta de inversión estratégica impidió mejorar la matriz productiva y energética, manteniendo a la región en condiciones de subdesarrollo.
Romero señala que con los recursos disponibles se podrían haber desarrollado importantes proyectos de infraestructura vial, educación, salud y agua potable. Por ejemplo, con 2.155 millones de dólares se podrían construir miles de kilómetros de carreteras para conectar municipios y facilitar el acceso a servicios, financiar decenas de miles de aulas escolares, equipar cientos de centros de salud y hospitales, así como garantizar agua potable y saneamiento para millones de hogares.
La persistencia de problemas estructurales y la ausencia de una gestión eficiente han generado crecientes demandas para auditar el manejo de los recursos. Autoridades y representantes locales han denunciado falta de transparencia, despilfarro y corrupción, señalando que los fondos no se han utilizado para el desarrollo integral de la región. Se destaca que en las últimas dos décadas, la administración ha estado mayoritariamente en manos de autoridades afines al Movimiento al Socialismo (MAS), cuya gestión ha sido cuestionada por la falta de coordinación y visión regional.
Más allá de la corrupción, expertos identifican fallas estructurales en los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como una alta dependencia de los ingresos hidrocarburíferos, que han disminuido considerablemente en los últimos años. La capacidad institucional insuficiente y la ausencia de inversiones estratégicas han contribuido al estancamiento del desarrollo.
En cuanto a la sostenibilidad de la autonomía regional, varios analistas coinciden en que el modelo basado en la renta del gas es insostenible a largo plazo, dado que los ingresos disminuyen mientras las necesidades sociales aumentan. Se advierte que sin un análisis crítico y una reestructuración de las políticas públicas, la crisis financiera podría profundizarse, poniendo en riesgo la continuidad del Gobierno Regional.
Algunos especialistas sugieren que la autonomía del Chaco podría perder su carácter legislativo, manteniendo únicamente funciones de planificación y gestión, debido a la falta de coordinación con el departamento y la ausencia de cohesión social. En este contexto, se plantea la necesidad de repensar el modelo de gestión para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en la región
