La noche del jueves, un incidente inusual tuvo lugar en las oficinas de Derechos Reales de la ciudad de El Alto, donde un secretario del Juzgado Público Sexto de Familia y una mujer, que no ocupa ningún cargo oficial, fueron aprehendidos por la Policía. La intervención se produjo tras denuncias que alertaban sobre el consumo de bebidas alcohólicas en dichas instalaciones. Marco Cárdenas, Director Distrital del Consejo de la Magistratura, confirmó los hechos y detalló que ambos aprehendidos fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Cárdenas declaró que, al recibir las denuncias sobre el presunto consumo de alcohol en las oficinas, la Policía se movilizó para investigar la situación. Aunque él afirmó que no se encontró evidencia del consumo de alcohol en el lugar, los testimonios de testigos contradicen esta afirmación. Según varios denunciantes, los involucrados presentaban signos evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas.
“Se recibió una denuncia señalando que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en oficinas de Derechos Reales. Al verificar, se evidenció que no era cierto. Al momento de la salida de los funcionarios, fueron sorprendidos con posible aliento alcohólico”, explicó Cárdenas. Esta contradicción ha generado inquietud entre los ciudadanos, quienes demandan una mayor transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades.
Un video que ha comenzado a circular en redes sociales muestra a un grupo de policías en el patio de las oficinas mientras una mujer graba la escena y expresa su indignación. “Funcionarios borrachos, ¿Cómo van a hacer eso? Todavía se escapan”, se escucha decir a la mujer en el clip. Este tipo de incidentes pone en tela de juicio la integridad y profesionalismo del personal judicial y genera preocupación sobre cómo tales comportamientos pueden afectar el funcionamiento del sistema judicial.
La situación ha despertado un amplio debate sobre las condiciones laborales y éticas dentro del ámbito judicial en Bolivia. La comunidad espera respuestas claras y acciones contundentes para garantizar que estos acontecimientos no se repitan y para restaurar la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
