Hace dos décadas, las movilizaciones sociales en La Paz y El Alto lograron frenar el aumento excesivo en las tarifas del servicio de agua y alcantarillado, un logro que en su momento fue celebrado ampliamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, las denuncias sobre corrupción y favoritismos políticos dentro de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.) han empañado esas conquistas, revelando la participación de dirigentes vecinales y sindicales en connivencia con autoridades del Gobierno del MAS.

En enero de 2005, tras huelgas de hambre y un paro prolongado de diez días, se consiguió la expulsión de la empresa privada Aguas del Illimani y se anunció la creación de una empresa pública para administrar el servicio, un hecho que fue recibido con entusiasmo por las organizaciones sociales. No obstante, la gestión posterior de Epsas ha estado marcada por múltiples irregularidades.

Un análisis detallado muestra que más de una docena de interventores designados durante la administración del MAS estuvieron involucrados en actos de corrupción, despidos arbitrarios y contrataciones ilegales, causando pérdidas millonarias a la entidad. En un caso emblemático, en abril de 2023, se denunció que un interventor pagó sobornos para detener protestas en su contra, hecho que fue presentado ante la Fiscalía junto con pruebas del dinero entregado a un exministro actualmente investigado por cobros ilícitos.

Además, una auditoría jurídica realizada recientemente reveló que Epsas perdió 89 procesos laborales, con un daño económico confirmado de al menos 160 millones de bolivianos en 37 de ellos, mientras que las pérdidas en los restantes aún están por cuantificarse. Según expertos en el sector, estos montos representan una grave crisis financiera para la empresa, cuyos ingresos mensuales rondan los 380 millones de bolivianos, de los cuales la mitad se destina al pago de planillas, dejando escasos recursos para la operación, mantenimiento e inversión en nuevas conexiones.

Especialistas atribuyen esta situación a la mala gestión derivada de la distribución de cargos estratégicos entre dirigentes sociales que priorizan afinidades políticas sobre la capacidad técnica, lo que ha afectado la eficiencia y sostenibilidad del servicio.

Respecto a la expulsión de la empresa privada Aguas del Illimani, esta medida fue considerada necesaria debido a la falta de inversión y la búsqueda de lucro a costa de sectores vulnerables, aunque la intención original de crear una empresa pública eficiente no se ha cumplido plenamente. Las movilizaciones que llevaron a este cambio se gestaron en un contexto de inestabilidad política y descontento social, en medio de la crisis de gobernabilidad del Gobierno de Carlos Mesa y la posterior llegada al poder del MAS en 2006.

Durante las protestas de 2005, lideradas por dirigentes vecinales, se bloqueó la sede de Gobierno durante diez días, logrando la salida de la empresa privada y la promesa de una gestión pública que beneficiara a la población. Sin embargo, la persistente mala administración de Epsas puso en riesgo el suministro de agua, lo que motivó la intervención estatal en 2013. Esta intervención, inicialmente prevista por seis meses, se ha extendido hasta la actualidad.

La supervisión está a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSS), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con un directorio integrado por representantes de alcaldías y juntas vecinales de las ciudades involucradas y la provincia Los Andes. Sin embargo, se ha señalado que la mayoría de estos representantes provienen de una sola ciudad, lo que ha generado cuestionamientos sobre la representatividad y la gestión equitativa del servicio.

Este panorama refleja los desafíos que enfrenta la administración pública en la gestión del agua, un recurso vital para la población, y la necesidad de fortalecer la transparencia, la capacidad técnica y la participación ciudadana para garantizar un servicio eficiente y sostenible