La propuesta del 50-50, que se ha convertido en uno de los ejes centrales de la campaña electoral encabezada por el presidente Rodrigo Paz, ha generado una compleja dinámica política y social que trasciende el simple ofrecimiento electoral. Esta iniciativa, concebida como un nuevo pacto de redistribución fiscal entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, busca transformar la manera en que se asignan y gestionan los recursos públicos en las regiones. Sin embargo, a medida que avanza el proceso electoral hacia su fecha clave, esta propuesta enfrenta un escrutinio creciente, tanto por parte de actores políticos como de la ciudadanía, que pone en evidencia las dificultades prácticas y las tensiones inherentes a su implementación.

En el departamento de Santa Cruz, epicentro de esta discusión, varios candidatos a la Gobernación y a las alcaldías han adoptado la propuesta del 50-50 como bandera principal para sus campañas. Su discurso ha sido contundente al señalar que la mejora sustancial en sectores fundamentales como salud, educación e infraestructura está condicionada a una aplicación efectiva y sin dilaciones del nuevo esquema de distribución fiscal. Según estos postulantes, sin una reforma profunda que garantice una redistribución equitativa y suficiente de los recursos públicos hacia las regiones, estas continuarán enfrentando limitaciones estructurales para atender las necesidades básicas de sus poblaciones. Esta narrativa ha reforzado la percepción pública sobre la importancia del cambio fiscal prometido y ha elevado las expectativas ciudadanas respecto al futuro manejo presupuestario regional.

No obstante, el debate tomó un giro significativo tras las declaraciones realizadas por la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos. En una entrevista con EL DEBER, Barrientos relativizó la idea del 50-50 como una solución instantánea o una “fórmula mágica”, enfatizando que no implica otorgar “billetera libre” a los gobiernos subnacionales. Más bien, subrayó que se trata de un proceso complejo que demanda corresponsabilidad entre niveles de gobierno, una redefinición clara de competencias y ajustes fiscales profundos para garantizar sostenibilidad. En este sentido, aclaró que no se trata simplemente de transferir automáticamente la mitad de los recursos recaudados al nivel territorial, sino de realizar una revisión detallada basada en las capacidades reales y necesidades concretas de cada municipio o gobernación.

Barrientos también destacó un aspecto crucial: algunos municipios grandes concentran miles de funcionarios públicos y cuentan con estructuras administrativas complejas que no podrían absorber inmediatamente mayores responsabilidades en áreas sensibles como salud o educación sin un fortalecimiento previo. Además, advirtió sobre la existencia de pasivos financieros acumulados por muchas entidades subnacionales con empresas proveedoras, el Estado central e incluso organismos internacionales. Estas obligaciones limitan su margen operativo y complican aún más cualquier intento abrupto por incrementar su autonomía financiera sin un plan ordenado.

Estas declaraciones no tardaron en provocar reacciones inmediatas y contundentes desde los sectores políticos regionales. El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien busca su reelección bajo el signo del compromiso con el 50-50, rechazó categóricamente cualquier interpretación condicionada o técnica que diluya lo prometido durante la campaña. Para él, el compromiso fue claro y directo: una redistribución justa y concreta que permita a Santa Cruz gestionar recursos suficientes para atender sus prioridades sin excusas ni retrasos administrativos. Camacho insistió en que si el Gobierno nacional realmente cree en la autonomía territorial debe respaldarla con decisiones firmes y coherentes que superen cálculos políticos o tecnicismos capaces de posponer soluciones urgentes.

Por su parte, Juan Pablo Velasco, candidato a gobernador por Libre en Santa Cruz, expresó también su preocupación por lo que considera un viraje discursivo respecto a la promesa original del 50-50. Velasco señaló que existe un riesgo real de frustrar las expectativas ciudadanas si se instala durante la campaña electoral la idea ingenua sobre mayores recursos disponibles cuando luego se traslada toda responsabilidad hacia los municipios sin ofrecer garantías claras ni plazos definidos para esa transición gradual. Propuso que si es necesaria una implementación progresiva del modelo fiscal propuesto, entonces el Gobierno debe presentar un cronograma transparente y verificable para evitar incertidumbres prolongadas sobre el futuro financiero regional.

La crítica institucional también emergió desde organizaciones cívicas relevantes como el Comité pro Santa Cruz. Esta entidad manifestó públicamente su desacuerdo con las declaraciones oficiales emitidas por Barrientos al considerar que contradicen el espíritu original del pacto fiscal anunciado. La presión política escaló rápidamente tanto en redes sociales como en pronunciamientos formales demandando incluso la renuncia inmediata de la viceministra por lo que calificaron como una falta grave al compromiso político asumido con las regiones.

Ante esta oleada crítica creciente y ante el riesgo evidente de desgaste político durante un momento tan sensible como lo es el periodo preelectoral, el Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado oficial para intentar poner paños fríos a la controversia generada. En ese texto institucional se reconoció expresamente que algunas expresiones utilizadas por Barrientos constituyeron un error comunicacional no representativo ni reflejo fiel ni de la posición política ni institucional del Gobierno Nacional respecto al tema autonómico y fiscal. El documento reafirmó además el compromiso estatal por avanzar hacia un modelo autonómico basado en respeto mutuo hacia las regiones junto con corresponsabilidad entre niveles administrativos. Asimismo aclaró que el Viceministerio de Autonomías tiene funciones principalmente técnicas orientadas a coordinación y armonización normativa más no control político sobre los gobiernos subnacionales.

Más allá del ruido político inmediato generado por este episodio público queda expuesta una tensión estructural profunda entre las promesas electorales hechas durante campañas políticas e incluso referendos vinculantes frente a la realidad concreta vinculada con arquitectura fiscal vigente. La propuesta del 50-50 sintetiza aspiraciones históricas largamente reivindicadas por sectores regionalistas y autonomistas respecto a una mayor autonomía financiera capaz de fortalecer capacidades locales para gestionar servicios públicos esenciales con mayor eficiencia e independencia presupuestaria.

Sin embargo, llevar esa aspiración a buen puerto implica necesariamente revisar complejos elementos técnicos: desde pactos fiscales vigentes hasta competencias constitucionales definidas; desde sostenibilidad presupuestaria estatal hasta capacidades administrativas heterogéneas existentes entre municipios grandes –con estructuras consolidadas– frente a municipios pequeños o rurales con limitaciones evidentes; todo ello sin desestabilizar finanzas públicas ni generar desequilibrios macroeconómicos indeseados.

Con apenas semanas restantes antes del día clave electoral programado para marzo próximo, este debate redefine sustantivamente los ejes centrales sobre los cuales giran muchas candidaturas autonómicas actuales. Para muchos candidatos representa una herramienta discursiva fundamental capaz de proyectar expansión significativa en recursos disponibles para inversión social e infraestructura local; mientras tanto desde el Ejecutivo nacional esta propuesta es vista más bien como una reforma gradualista donde deben conjugarse corresponsabilidad institucional junto con criterios técnicos rigurosos para asegurar viabilidad financiera.

Finalmente esta controversia abre también interrogantes políticas mayores respecto al manejo responsable del diálogo intergubernamental: si diferencias técnicas o interpretativas justifican exigencias drásticas tales como renuncias ministeriales justo antes o durante procesos electorales cruciales; o si debería prevalecer un enfoque constructivo orientado principalmente hacia cómo convertir esa promesa política emblemática —como es el 50-50— en un esquema fiscal viable transparente y sostenible en plazos razonables.

La forma en que se resuelva esta disyuntiva tendrá consecuencias directas sobre el tono futuro del relacionamiento entre Gobierno central y autoridades autonómicas electas próximamente —y por ende sobre calidad institucional democrática— así como sobre expectativas sociales respecto al cumplimiento efectivo de compromisos asumidos públicamente frente a demandas históricas legítimas planteadas desde los propios territorios autónomos