Recientemente, la administración estadounidense llevó a cabo la deportación de un grupo de 17 individuos hacia El Salvador. Según declaraciones emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, estas personas estarían presuntamente vinculadas a actividades de pandillas.

Esta acción se produce en un contexto de debate legal en Estados Unidos, donde se cuestiona la legalidad de trasladar migrantes a instalaciones como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que entre los deportados se identificaron miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y la MS-13. Sin embargo, no se presentaron pruebas que respaldaran estas afirmaciones.

Por su parte, fuentes gubernamentales de El Salvador comunicaron a medios internacionales que el grupo de personas deportadas estaba compuesto por ciudadanos venezolanos y salvadoreños.

Cabe destacar que, a principios de este mes, una instancia judicial en Estados Unidos ordenó la suspensión de las deportaciones que se estaban realizando bajo la invocación de una ley de 1798, conocida como Ley de Enemigos Extranjeros. Esta normativa, de carácter histórico, había sido utilizada en contadas ocasiones, principalmente en periodos de conflicto bélico