La situación en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha generado un ambiente de inquietud entre los transportistas del país, quienes se encuentran en un estado de emergencia. Este malestar se debe principalmente a la falta de cumplimiento en el resarcimiento por los daños ocasionados por la gasolina desestabilizada, un problema que ha afectado a varios vehículos en diferentes regiones. En este contexto, Freddy Avirari, dirigente del sector en los Yungas de La Paz, expresó su preocupación y cuestionó la falta de respuestas claras por parte de las autoridades.
Avirari destacó que es imperativo investigar las razones detrás de que solo los departamentos de La Paz, Beni y Santa Cruz hayan sido afectados por este problema. “Algo raro está pasando”, afirmó el dirigente, quien también señaló que a pesar de los esfuerzos realizados, no ha habido ningún tipo de compensación para los transportistas yungueños. “Nosotros como yungueños no hemos tenido ninguna movilidad que nos hayan respondido, que nos hayan resarcido”, lamentó.
El impacto de esta situación es evidente, ya que Avirari mencionó que su vehículo particular lleva casi un mes en el taller debido a los daños sufridos a causa de la gasolina contaminada. En total, se estima que alrededor de 400 vehículos en la zona han quedado fuera de circulación por problemas similares y aún no han recibido ningún tipo de compensación.
Uno de los obstáculos principales para acceder al resarcimiento es la necesidad de presentar el documento del Registro Único de Administraciones Tributarias (Ruat). Aquellos transportistas que no cuentan con este documento deben recurrir a una certificación emitida por la federación correspondiente para poder iniciar el proceso. Esta complicación ha dificultado aún más la situación para muchos afectados.
Ante esta problemática persistente, el sector transportista tiene programada una reunión este martes donde se discutirán las acciones a seguir. A medida que crece la frustración entre los transportistas, no se descarta la posibilidad de implementar medidas de presión para exigir al Gobierno que cumpla con el resarcimiento prometido. La incertidumbre y la falta de respuestas claras continúan alimentando un clima tenso en torno a esta crisis en el sector del transporte en Bolivia.
