María Esther Valencia advierte sobre posibles efectos negativos de proyecto de ley que busca aumentar las sanciones para jóvenes involucrados en delitos graves.
La directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de Tarija, María Esther Valencia, ha mostrado su inquietud frente a la propuesta de ley que busca incrementar las penas para adolescentes que cometan delitos graves, señalando posibles repercusiones en la justicia restaurativa y en los centros de detención juvenil.
La directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de Tarija, María Esther Valencia, ha expresado su preocupación ante el proyecto de ley propuesto por el gabinete ministerial, el cual busca endurecer las sanciones penales para adolescentes que cometan delitos graves contra la vida o la humanidad. Según Valencia, actualmente la pena máxima para un menor infractor es de 6 años, pero con la nueva propuesta se pretende aumentarla a entre 12 y 18 años de cárcel para aquellos jóvenes involucrados en este tipo de delitos.

El equipo de Sedeges ha manifestado su alarma ante esta iniciativa legislativa, considerándola como un retroceso en los avances hacia una justicia restaurativa. Este enfoque, que se centra en la reintegración y reeducación de los adolescentes en conflicto con la ley, se vería afectado negativamente por la implementación de la nueva normativa. Asimismo, la directora ha advertido sobre los efectos colaterales que esta medida podría tener en los centros de detención juvenil.

«Esto es preocupante para nosotros de aprobarse porque estaría dando un retroceso a la justicia restaurativa, además del hacinamiento que tendremos en los centros de detención de menores infractores», señaló Valencia. En este sentido, ha subrayado la importancia de evaluar detenidamente las consecuencias sociales y estructurales que la medida podría acarrear antes de su implementación.

El debate en torno a este proyecto de ley ha generado opiniones divergentes en la sociedad, con algunos sectores respaldando la idea de endurecer las sanciones para estos casos, argumentando la necesidad de garantizar una mayor seguridad ciudadana. Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos de los niños y adolescentes han expresado su preocupación, destacando la importancia de abordar el problema desde una perspectiva más integral que contemple la rehabilitación y reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley.

En este contexto, el futuro de la propuesta legislativa queda en suspenso, a la espera de un análisis más profundo sobre sus implicaciones y posibles repercusiones en el sistema de justicia penal juvenil.
El debate en torno al endurecimiento de las penas para adolescentes infractores ha generado opiniones encontradas en la sociedad, destacando la importancia de evaluar detenidamente las implicaciones de la medida antes de su implementación.
#Sedeges #Tarija #adolescentes #justiciarestaurativa #proyectodeley #penas #infractores