El director de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) del municipio, Gonzalo Del Carpio, negó categóricamente cualquier favoritismo por parte de la alcaldía en el conflicto que afecta al barrio “San Jorge I”. Ante las acusaciones formuladas por algunos vecinos, Del Carpio enfatizó que la institución actúa conforme a una orden judicial vigente y sin parcializaciones.

En respuesta a las declaraciones de la dirigente vecinal Plácida Lindaura Romero, quien afirmó que el municipio favorece al propietario de un terreno donde se está construyendo en una vía pública, Del Carpio sostuvo que tales afirmaciones carecen de fundamento. Subrayó que el municipio está obligado a cumplir con la resolución dictada por la justicia y que no puede contravenirla.

El funcionario explicó que el conflicto tiene una historia legal que se extiende por más de dos décadas. Durante reuniones con los vecinos y el propietario, este último manifestó que su propiedad fue afectada y solicitó el reconocimiento de sus derechos, posición que no está dispuesto a modificar. Del Carpio aclaró que el municipio no otorga derechos propietarios, sino que actúa en función de las disposiciones judiciales existentes.

Además, señaló que las vías reclamadas por los vecinos no fueron formalmente cedidas al municipio, sino que se originaron por la ocupación irregular de los asentamientos en la zona. El terreno en cuestión, con una extensión superior a los 3.500 metros cuadrados, pertenece a Ermeregildo Segovia.

Por su parte, el alcalde Jhonny Torres coincidió en que la acusación de parcialización es infundada y recordó que se trata de un proceso legal entre particulares que data de 24 años. Según indicó, la situación culminó con una orden judicial que dispone el desalojo de las personas asentadas en la propiedad. Ambos representantes municipales reiteraron que la institución actúa bajo el marco de la ley y sin favorecer a ninguna de las partes involucradas