La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado ha dado un paso significativo al aprobar el proyecto de Ley 192, que propone extender el período de permanencia obligatoria en el país para exautoridades del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas que han cumplido su mandato. Esta medida busca ampliar el tiempo de arraigo de tres meses a seis meses, un cambio que impactará a una amplia gama de funcionarios públicos que han ejercido cargos relevantes en la administración estatal.

Entre los afectados por esta normativa se encuentran figuras de alta responsabilidad, como el presidente y vicepresidente del Estado, ministros, gobernadores, alcaldes, así como asambleístas nacionales y departamentales, concejales municipales y las máximas autoridades ejecutivas de empresas e instituciones públicas mixtas y privadas que manejan recursos fiscales. La extensión del plazo busca garantizar un mayor control y seguimiento sobre estos exfuncionarios una vez finalizado su período en el cargo.

El diputado Manolo Rojas, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), explicó que esta iniciativa responde a situaciones ocurridas durante la gestión anterior, cuando exautoridades habrían ocultado información crucial hacia el final de sus mandatos. Esta falta de transparencia complicó la revisión oportuna de informes técnicos necesarios para evaluar responsabilidades administrativas o legales. En este contexto, la ampliación a seis meses permitirá a las instancias encargadas —como la Contraloría General— contar con un tiempo adecuado para elaborar informes detallados sobre posibles irregularidades o responsabilidades derivadas del ejercicio público.

Esta propuesta también pretende equilibrar los derechos y obligaciones de los exservidores públicos. Mientras se evita que quienes no enfrentan investigaciones abandonen el país sin justificación alguna, se concede un margen razonable para que aquellos sujetos a procesos administrativos o judiciales puedan ejercer sus mecanismos de defensa con garantías. En definitiva, se busca fortalecer la rendición de cuentas y evitar la impunidad, asegurando que quienes hayan cometido faltas puedan ser investigados con profundidad antes de salir del territorio nacional.

El proyecto contempla modificar aspectos específicos establecidos en la Ley 1352 del 14 de octubre, vigente hasta ahora y que regulaba el período obligatorio de permanencia en tres meses para estas autoridades. La iniciativa fue anunciada para ser incluida en la agenda parlamentaria en una sesión prevista para principios de enero, lo que indica la intención legislativa por avanzar rápidamente en esta materia.

Este cambio legislativo refleja una preocupación creciente por parte del Estado respecto al manejo adecuado y transparente de los recursos públicos y al seguimiento efectivo sobre quienes ejercieron cargos con gran responsabilidad política y administrativa. La ampliación del arraigo obligatorio es una medida preventiva que busca evitar que exfuncionarios evadan posibles procesos legales o administrativos tras concluir sus mandatos.

En suma, la aprobación inicial del proyecto representa un avance relevante en términos institucionales para garantizar mayor fiscalización y control sobre las autoridades salientes. La ampliación a seis meses ofrece un marco temporal más amplio para realizar auditorías, investigaciones y evaluaciones técnicas necesarias para preservar la integridad pública y fortalecer los mecanismos estatales contra actos irregulares cometidos durante el ejercicio gubernamental. Esta decisión tendrá un impacto directo tanto en los funcionarios afectados como en la percepción ciudadana sobre el compromiso estatal con la transparencia y justicia administrativa