En horas de la noche del miércoles, la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2026, tras una sesión marcada por la discusión y la oposición de algunos legisladores. La aprobación incluyó tanto la votación en grande como en detalle de nueve artículos junto con sus respectivos parágrafos, además de las disposiciones adicionales, transitorias y finales.
Durante la sesión, se presentó un momento de incertidumbre cuando se sometió a votación el artículo 2, que aborda el presupuesto agregado y consolidado. Inicialmente, no se logró alcanzar la mayoría absoluta necesaria para su aprobación, pero tras una segunda votación por reconsideración, el artículo fue aprobado con 70 votos a favor, 49 en contra y 3 abstenciones.
Una vez concluido este proceso, el presidente de la Cámara de Diputados remitió el proyecto al Senado para continuar con su tratamiento legislativo.
El presupuesto fue objeto de críticas por parte de algunos parlamentarios de la alianza opositora Libre, quienes cuestionaron su origen y contenido. Argumentaron que el documento fue elaborado por el gobierno actual, liderado por el MAS, y expresaron su rechazo no solo por cuestiones técnicas, sino también por principios políticos. Una diputada de esa bancada enfatizó su negativa a respaldar el presupuesto por considerar que no está bien elaborado y por su filiación partidaria.
Además, durante la sesión, se solicitó la intervención del ministro de Economía para que brindara detalles específicos sobre los capítulos del presupuesto. El informe presentado señaló que la inversión pública para 2026 se proyecta en 10.272 millones de bolivianos, cifra inferior a los 12.687 millones asignados en 2025. En cuanto a gasto social, el presupuesto para el próximo año contempla 7.413 millones de bolivianos, comparado con los 8.245 millones del año en curso.
Los recursos destinados a infraestructura también experimentan una disminución, pasando de 5.840 millones en 2025 a 5.340 millones para 2026. De igual manera, el apartado multisectorial verá una reducción de 882 millones a 642 millones de bolivianos para la siguiente gestión.
Este escenario refleja una tendencia a la reducción en varios rubros del presupuesto, lo que ha generado debate entre los legisladores sobre las prioridades y el enfoque del gasto público para el año entrante
