Los primeros noventa días del gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Paz han puesto en evidencia serios desafíos en la coordinación y funcionamiento interno entre los distintos actores del Ejecutivo y el Legislativo, según lo evaluado por la diputada Sandra Rivera, integrante de la bancada oficialista del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Esta situación dificulta la desarticulación del denominado “Estado tranca”, un entramado burocrático y político que dejó como herencia el Movimiento al Socialismo (MAS) y que obstaculiza la implementación eficaz de las políticas públicas.
En una entrevista concedida al programa Qué Semana de EL DEBER, Rivera hizo un análisis crítico sobre las decisiones adoptadas en esta etapa inicial de gobierno. Uno de los aspectos más relevantes que destacó fue la falta de participación efectiva del PDC en la designación de colaboradores clave dentro del Ejecutivo. La diputada reconoció que su partido otorgó una excesiva libertad al presidente Paz para elegir a sus autoridades sin una evaluación previa rigurosa desde la bancada legislativa. Esta situación ha derivado en que el Ejecutivo no cuente con representantes directos del PDC, lo cual genera desconexión entre las decisiones gubernamentales y las expectativas políticas del partido oficialista.
Además, Rivera denunció una orden explícita desde el Ejecutivo para no atender a ningún diputado, lo que dificultó aún más la comunicación entre ambas ramas del Estado. Sin embargo, gracias a la disposición responsable de algunos ministros, esta instrucción no se ejecutó completamente, permitiendo mantener canales mínimos de diálogo necesarios para una gobernabilidad funcional. La legisladora subrayó la importancia de fortalecer esa coordinación institucional para superar los obstáculos actuales.
En cuanto al perfil y desempeño del equipo ministerial y otros cargos estratégicos nombrados por el presidente Paz y su círculo cercano, Rivera manifestó su preocupación por encontrar muchas figuras con una visión anclada “en el siglo pasado” o que no participaron activamente en la campaña ni se comprometieron con el programa de gobierno vigente. Esta desconexión pone en duda la capacidad de estos funcionarios para impulsar cambios profundos y responder a las demandas actuales del país.
No obstante, reconoció que estos primeros meses se orientaron principalmente a atender problemas urgentes y coyunturales que aquejan a la población. Destacó esfuerzos para resolver conflictos sociales derivados de decisiones económicas como la eliminación gradual de subsidios al combustible; mejoras salariales parciales; apoyo a los procesos electorales para renovar autoridades municipales y departamentales; así como dar formalidad legal al trabajo realizado por magistrados recientemente designados. En este sentido, Rivera enfatizó que el nuevo gobierno encontró un “Estado desordenado y caótico”, lo cual exige un trabajo paulatino pero decidido para restablecer su funcionamiento normal.
Un tema particularmente crítico señalado por Rivera es el papel desempeñado por los denominados “coordinadores”, funcionarios designados desde el Ejecutivo con responsabilidades específicas para ordenar las instituciones estatales. Según su análisis, muchos no cumplen adecuadamente sus funciones o generan nuevos espacios de resistencia interna. Desde diferentes sectores se ha denunciado la permanencia de grupos vinculados al MAS dentro del aparato estatal; sin embargo, en lugar de ser removidos definitivamente, estas personas suelen ser trasladadas entre distintas instituciones, perpetuando así estructuras clientelares o “camarillas” que obstaculizan las reformas necesarias.
La diputada admitió que renovar completamente el cuerpo funcionarial estatal implica complejidades legales y administrativas. No obstante, insistió en que este proceso debe realizarse con cuidado para no perjudicar los intereses ciudadanos ni afectar negativamente la relación entre Ejecutivo y Legislativo. En este marco, Rivera reveló que las estructuras heredadas impusieron verdaderos “candados” legales en materia laboral que dificultan tanto la destitución como el procesamiento judicial de funcionarios sospechosos de actos corruptos o negligentes.
Para superar estas barreras institucionales, consideró imprescindible modificar normativas internas en diversas entidades públicas e incluso revisar aspectos centrales de la Ley General del Trabajo. Estas medidas buscarían eliminar privilegios otorgados durante el llamado “proceso de cambio” encabezado por el MAS, permitiendo así una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro del Estado.
Rivera también reflexionó sobre algunas medidas impulsadas unilateralmente desde el Ejecutivo sin coordinación previa con la Asamblea Legislativa. Mencionó como ejemplo emblemático el Decreto Supremo 5503, cuya aprobación apresurada generó protestas sociales organizadas por grupos afines al anterior gobierno. Este episodio evidenció una lectura insuficiente o errónea por parte del Ejecutivo acerca de las condiciones políticas y sociales actuales del país, lo cual dificulta aún más avanzar hacia soluciones consensuadas.
En conclusión, los primeros tres meses bajo la administración de Rodrigo Paz han sido un periodo marcado por tensiones internas entre ministerios, coordinadores y parlamentarios oficiales. Aunque se han dado pasos importantes para enfrentar problemas inmediatos como conflictos sociales o procesos electorales pendientes, persisten obstáculos estructurales profundos derivados tanto de herencias políticas pasadas como de deficiencias propias en gestión y comunicación interinstitucional. La superación definitiva del “Estado tranca” requiere no solo voluntad política sino también reformas legales complejas y una mayor articulación entre poderes públicos para garantizar gobernabilidad efectiva y beneficios concretos para toda la población
