El sistema judicial ordinario en Tarija ha denegado una nueva acción de libertad presentada por la defensa del expresidente Evo Morales, la cual buscaba la anulación de las órdenes de aprehensión emitidas en su contra.

El recurso legal, interpuesto el 3 de septiembre por su representante, Óscar Mario Peña Mansilla, argumentaba que, dada la condición indígena del exmandatario, el caso debería ser dirimido bajo la jurisdicción de la justicia indígena campesina originaria.

La resolución de rechazo se fundamenta en la aplicación de la normativa penal y el Código de Procedimiento Penal vigentes. Estos cuerpos legales establecen que delitos de alta gravedad como la trata y tráfico de personas, violación, estupro, asesinato y feminicidio son competencia exclusiva de la justicia ordinaria, sin distinción de raza o etnia.

Se ha confirmado que las tres órdenes de aprehensión contra Evo Morales permanecen activas. El expresidente enfrenta imputaciones relacionadas con el delito de trata de personas agravada.

Días antes, el senador Leonardo Loza había propuesto la anulación de una de las órdenes de aprehensión, sugiriendo que el caso vinculado a una presunta relación con una menor en 2015 fuera resuelto a través de la justicia indígena. Loza ha calificado la investigación contra Morales como una persecución política, señalando la ausencia de un denunciante activo en el proceso.

Mientras tanto, Cindy Sarai V., identificada como víctima en este caso, obtuvo asilo diplomático por parte de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) de Argentina a finales de agosto. Esta solicitud de refugio abarcó también a su hija menor y a su madre, Idelsa Pozo Saavedra.

Actualmente, el exmandatario se encuentra en una ubicación resguardada en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, con el objetivo de evitar su detención en relación con el proceso judicial que se desarrolla en la justicia ordinaria de Tarija