Durante una reciente sesión en la Cámara de Diputados chilena, una intervención de una legisladora generó una fuerte polémica y acusaciones de racismo. La diputada, integrante de una bancada de derecha, emitió comentarios despectivos sobre la población boliviana en el marco de un debate sobre una propuesta legislativa destinada a reforzar el control de la importación de vehículos y combatir el creciente robo de automóviles en el norte del país.

En el transcurso de la discusión, la diputada afirmó que los bolivianos, al nacer en el altiplano, padecen una encefalopatía hipoxia crónica debido a la disminución de oxígeno cerebral. Describió esta condición como un nombre elegante para referirse a nuestros vecinos como tontorrones, añadiendo que se trata de un estado crónico e irreversible. Estas declaraciones fueron rápidamente catalogadas como racistas y ofensivas hacia la comunidad boliviana.

La propuesta legislativa en cuestión, ya aprobada por la Cámara de Diputados con 132 votos y remitida al Senado para su siguiente trámite, busca mejorar la trazabilidad de los automóviles. Establece la inscripción provisoria de vehículos motorizados importados, exige a los importadores notificar al Registro Civil en un plazo máximo de 15 días y permite la cancelación de matrículas en casos de pérdida total. El objetivo central es desarticular el mercado ilícito que se nutre de vehículos sustraídos en Chile y posteriormente trasladados a Bolivia y Paraguay.

Las repercusiones de las palabras de la legisladora no se hicieron esperar. El Presidente de Bolivia, Luis Arce, condenó enérgicamente los dichos, calificándolos de racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano. El mandatario boliviano sostuvo que la intervención de la diputada representa una afrenta al Parlamento chileno, a su ciudadanía y a la ética de la profesión médica que ejerce la congresista. Subrayó que la relación bilateral entre ambos países se fundamenta en el respeto y la cooperación, principios que no deben verse afectados por un pronunciamiento tan inadmisible e infundado. Asimismo, anunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país tomaría las acciones diplomáticas pertinentes.

En la misma línea, el empresario y político boliviano Samuel Doria Medina manifestó que la verdadera estupidez reside en quienes persisten en actitudes racistas y deterministas geográficos en la actualidad. Expresó que estas son ideologías del siglo XX, completamente desacreditadas por la ciencia, que solo sirven para vehiculizar prejuicios, odios y una peligrosa sensación de superioridad. Doria Medina lamentó que este tipo de expresiones, antes impensables en un espacio parlamentario, ahora evidencien una preocupante deriva hacia el extremismo que amenaza la democracia.

Por su parte, el excandidato presidencial y exministro de Gobierno, Álvaro Del Castillo, aunque se abstuvo de defender a figuras políticas específicas, consideró inaceptables las declaraciones de la diputada. Destacó la complejidad del problema de los vehículos indocumentados, recordando sus propias gestiones como ministro, que incluyeron reuniones con autoridades chilenas y contactos policiales para combatir el robo transfronterizo de vehículos y su ingreso ilegal a Bolivia.

El contexto de este debate se enmarca en un alarmante aumento del robo de vehículos en Chile, particularmente en sus regiones del norte. Datos recientes indican un incremento significativo: entre el 11 y el 17 de agosto, se registraron 20 denuncias de robo de automóviles en la zona norte, un alza del 185.7% en comparación con las 7 denuncias del mismo periodo del año anterior. En el acumulado de enero a julio del año en curso, se han reportado 619 robos de vehículos, lo que representa un aumento del 57.5% respecto a los 393 del año pasado. Las regiones de Arica y Parinacota concentran una proporción considerable de estos delitos. Este fenómeno delictivo también se vincula con discusiones en Bolivia, donde un candidato presidencial ha propuesto la regularización de automóviles indocumentados, una medida que, según algunos análisis, podría generar un efecto llamada para la delincuencia en Chile.

La diputada María Luisa Cordero, psiquiatra, escritora y figura mediática, ejerce su cargo legislativo desde marzo de 2022. Su trayectoria pública y profesional ha estado marcada por diversas controversias, incluyendo una expulsión del Colegio Médico en 2004 tras una investigación por licencias fraudulentas. Además, ha expresado públicamente su firme postura anticomunista en múltiples ocasiones. Sus recientes comentarios en el Congreso han reavivado las críticas sobre discursos considerados discriminatorios, en un momento en que el debate se centra en aspectos cruciales de seguridad pública que afectan directamente a las comunidades del norte del país