Las autoridades fiscales de Cochabamba procedieron recientemente a la detención de Ruth Nina, figura principal de la organización política PAN-Bol. Esta acción se fundamenta en una investigación exhaustiva que incluyó más de setenta y cinco diligencias y el respaldo de informes policiales, imputándole, entre otros cargos, la obstrucción de procesos electorales.

La detención se produce a raíz de una denuncia interpuesta por la diputada opositora Luisa Nayar y Leonilda Galindo, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) en Cochabamba. El motivo central de la acusación radica en declaraciones emitidas por Nina el 12 de julio, donde habría manifestado la disposición de su movimiento a sacrificar vidas y que, en la jornada electoral del 17 de agosto, las autoridades contarían muertos en lugar de votos. Estas expresiones generaron una serie de repercusiones.

Según información proporcionada por su defensa legal, la primera denuncia se formalizó el 15 de julio, y en un lapso de tiempo notablemente breve, entre el 16 y 17 del mismo mes, se llevaron a cabo setenta y cinco diligencias investigativas. Estas incluyeron solicitudes de informes policiales, requerimientos a medios de comunicación para obtener registros de las declaraciones de la líder, así como pedidos a empresas telefónicas para acceder a registros de llamadas y la solicitud de su certificado de antecedentes penales. Se ha indicado también que el expediente de investigación contempla citaciones para otros líderes asociados al mismo movimiento político que estuvieron presentes en el evento, aunque sus identidades no han sido reveladas.

La aprehensión de Nina se inscribe en un contexto de intensas críticas y denuncias generadas por las declaraciones vertidas en un reciente encuentro de la facción política a la que se asocia, donde algunos voceros habrían instado a impedir la llegada de material electoral al Trópico de Cochabamba o a obstaculizar la campaña de otros candidatos en dichos municipios. Un ejemplo de estas posturas fue la exhortación de un legislador de El Alto a sus bases para declarar la sublevación contra el gobierno. En contraste con esta atmósfera de confrontación, las autoridades gubernamentales dispusieron el retorno de efectivos policiales a los municipios del Trópico. Asimismo, un candidato de la oposición, Samuel Doria Medina, hizo pública su visita a Villa Tunari, considerado un bastión político de un expresidente.

La organización política de la que Nina es líder había manifestado su intención de postular al expresidente Evo Morales como candidato presidencial. Sin embargo, en mayo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó la cancelación de la personería jurídica de PAN-Bol. Esta decisión se fundamentó en una denuncia presentada por el activista Peter Erlwein Beckhauser, quien demostró que en las elecciones de 2020, la agrupación no alcanzó el umbral del 3% de los votos requeridos, obteniendo solo el 0.52%. La cancelación fue posteriormente ratificada mediante una acción constitucional, una medida que fue objeto de críticas por parte de Nina y del propio expresidente. A pesar de esta resolución, ambas facciones políticas persistieron en afirmar la vigencia de su personería jurídica y demandaron la inscripción de Morales.

Fue en este escenario que, el 12 de julio, durante un encuentro de la facción política en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, Nina pronunció un discurso. En sus palabras, habría afirmado la disposición de su movimiento, originario de Los Yungas, a dar sus vidas el 17 de agosto antes de permitir ser obligados a elegir candidatos de la derecha, concluyendo que en esa fecha, el Tribunal Electoral y el Gobierno contarían muertos en lugar de votos.

La defensa legal de Nina ha sostenido que las declaraciones de su representada fueron objeto de tergiversación por parte de ciertos medios de comunicación. Se argumenta que, si bien la frase en cuestión fue pronunciada, esta fue extraída de su contexto original y manipulada en redes sociales por individuos afines a grupos políticos, dándole un matiz de amenaza que no correspondía a la intención de la dirigente. La defensa insiste en que Nina no expresó en ningún momento la intención de obstaculizar el proceso electoral o de amenazar los comicios