Recientemente, se ha descubierto que la nación guaraní, específicamente las comunidades de Alto y Bajo Isoso, está mencionada en documentos relacionados con Kailasa, un país ficticio que ha buscado establecer convenios con pueblos indígenas para acceder a territorios en Bolivia. Esta información salió a la luz el 20 de marzo, cuando miembros de la comunidad de Exaltación, en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) cayubaba, encontraron papeles que llevaban consigo tres supuestos representantes de Kailasa.

Los documentos hallados no solo incluían contratos con los cayubaba, sino también análisis legales que abordaban la situación de otras naciones indígenas. Uno de los informes se refería específicamente al territorio de Alto y Bajo Isoso, que pertenece a la nación guaraní.

El análisis, realizado por el consorcio jurídico Nájera de Santa Cruz, afirmaba que no había impedimentos legales para la firma de un convenio bilateral. Además, se aclaraba que, en relación con Alto y Bajo Isoso, no existía conflicto de competencias, ya que la personalidad jurídica corresponde a la Capitanía Bajo Isoso.

El informe subraya que, aunque el título otorgado por el INRA reconoce la TCO de manera general, esto no obstaculizaría la firma de un convenio, aunque se sugiere que se realice una aclaración con las autoridades de la Capitanía.

Este análisis forma parte de un contrato que Kailasa solicitó para respaldar sus intenciones de establecer acuerdos con comunidades indígenas en Bolivia.

Esta situación se suma a otros casos previamente documentados, que incluyen contratos con los pueblos baure, cayubaba y esse ejja. En cada uno de estos acuerdos, Kailasa propuso pagos anuales a cambio del arrendamiento de grandes extensiones de tierra por un milenio, incluyendo cláusulas que garantizan soberanía total, uso exclusivo de recursos y reconocimiento de su moneda y pasaporte.

El tema ha suscitado un amplio rechazo entre sectores indígenas, expertos en derecho y defensores de los derechos territoriales, quienes han calificado estos acuerdos como intentos de estafa, colonización y violación de normativas nacionales. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y la Fundación Tierra ya han expresado su oposición, al igual que líderes de las comunidades afectadas. A pesar de la controversia, hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido ninguna declaración al respecto