El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, abordó recientemente las alegaciones y los llamados a su dimisión, denunciando una manifiesta injerencia política. Según sus declaraciones, esta intromisión busca desestabilizar al TCP en un momento crucial, previo a la segunda vuelta electoral. Aunque aseguró que la situación actual no compromete el cronograma electoral, advirtió sobre la existencia de intereses externos empeñados en socavar la autoridad de la institución garante de la Constitución Política del Estado.
La tensión interna que se percibe en la institución, descrita por el propio Hurtado como un enfrentamiento entre magistrados con mandato extendido y aquellos recientemente elegidos, ha llevado al Tribunal a emitir un pronunciamiento público. Esta medida responde a un periodo de constantes presiones y cuestionamientos que, a su juicio, son consecuencia directa de diversas resoluciones emitidas por la entidad.
Hurtado enfatizó que las decisiones del TCP son producto de un consenso, pues se han adoptado resoluciones conjuntas firmadas por los nueve magistrados que componen el Tribunal, incluyendo tanto a los antiguos como a los nuevos, quienes integran salas especializadas y resuelven causas de manera coordinada. Desestimó las acusaciones de ejercicio indebido de funciones, citando como prueba una reciente sesión plenaria conjunta con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En dicha reunión, el presidente del TSJ y Hurtado, junto a ambos plenos, designaron vocales en diversas circunscripciones del país, lo que, según él, demuestra la legitimidad de su accionar.
El titular del TCP calificó la postura del magistrado interpelante como una acción de naturaleza política, constituyendo una injerencia de un órgano del Estado en la autonomía de una institución fundamental como el Tribunal Constitucional. En este contexto, Hurtado instó a la ciudadanía a reflexionar sobre quién se beneficia de esta coyuntura. Cuestionó el momento elegido para intentar desestabilizar al Tribunal Constitucional, a pocas semanas del balotaje venidero programado para el 19 de octubre, y planteó interrogantes sobre los posibles actores políticos detrás de este objetivo y los eventuales beneficiarios de una suspensión de la segunda vuelta.
Frente a las garantías de continuidad electoral y la afirmación de que el TCP podría operar sin la presencia de los magistrados con mandato extendido, invocando un precedente histórico, Hurtado aclaró que la sala plena del Tribunal Constitucional está conformada por nueve miembros. Explicó que el caso mencionado no implicó una desestructuración del Tribunal, ya que la ausencia de un magistrado se debió a motivos vacacionales, no a una merma crítica de su composición. Asimismo, detalló que la extensión de mandatos se fundamentó en diversas consideraciones, incluyendo la necesidad de garantizar la continuidad del proceso electoral judicial y facilitar la inclusión de candidaturas que no habían alcanzado los umbrales mínimos de habilitación.
El presidente del TCP reiteró que, si dentro del sistema judicial se produce una intromisión de una instancia en otra, ello configura una clara injerencia. Sostuvo que un juez o vocal de otra corte no puede interferir en la labor de un magistrado constitucional. Calificó la solicitud de dimisión, que solo puede responder a la autonomía y voluntad individual de cada miembro, como una movida con claras connotaciones políticas, cuyos verdaderos intereses, según manifestó, aún son inciertos
