Desde hace quince días, las comunidades asentadas en la región del Chaco tarijeño enfrentan las graves consecuencias de un significativo desbordamiento del río Pilcomayo. La persistente crecida ha sumido a numerosas familias campesinas e indígenas en una situación de vulnerabilidad extrema, manteniéndolas en constante alerta ante la fluctuación del nivel del agua.
En la comunidad de D’orbigny, perteneciente al municipio de Yacuiba, los habitantes reportan que las aguas continúan anegando viviendas y terrenos productivos. La dificultad para acceder a servicios básicos se agrava con el paso de los días. Según testimonios locales, la red vial se encuentra severamente dañada, lo que dificulta el transporte y el acceso a recursos esenciales. Además, se reportan interrupciones en el suministro de agua potable y una notable inestabilidad en el servicio de energía eléctrica, afectando también las comunicaciones.
Informes comunitarios señalan que el nivel del agua alcanzó hasta diez metros, provocando una extensa inundación que afectó tanto áreas residenciales como agrícolas. Se estima que en la comunidad Weenhayek, más de seiscientas familias han sido damnificadas, mientras que en D’orbigny, el número de afectados supera el centenar. La persistencia de las lluvias, pronosticadas hasta los primeros días de abril, mantiene la amenaza latente, especialmente tras el colapso de defensivos fluviales que previamente protegían la zona.
La inundación también ha tenido un impacto devastador en la economía de subsistencia de estas comunidades. Se reporta la pérdida de animales de granja, incluyendo ganado mayor y menor, aves de corral y porcinos, arrastrados por la fuerza del agua. Este hecho agrava la ya precaria situación alimentaria de las familias afectadas.
Habitantes de la zona señalan que la sedimentación acumulada en el cauce del río Pilcomayo incrementa la vulnerabilidad ante las crecidas anuales, causando desbordamientos que dañan cultivos, viviendas e infraestructura circundante. Se lamenta la falta de apoyo gubernamental para mitigar los efectos de estas inundaciones recurrentes.
Se menciona que en administraciones previas se construyeron defensas ribereñas, pero la falta de mantenimiento y la ausencia de medidas de preservación han contribuido al actual colapso de estas estructuras de protección. La falta de maquinaria y recursos económicos por parte de las autoridades competentes dificulta la reparación de la infraestructura dañada y el mantenimiento de las vías de comunicación.
A pesar de que la región del Chaco ha sido declarada zona de desastre, la ayuda proporcionada hasta el momento se considera insuficiente. Se ha confirmado el envío de ocho toneladas de provisiones por parte de Defensa Civil, una medida que se percibe como paliativa ante la magnitud de las necesidades. La prioridad, según los residentes, es el restablecimiento de las vías de comunicación para asegurar el acceso a mercados y servicios de emergencia, así como la urgente recuperación de los servicios básicos interrumpidos.
Desde la administración departamental se anticipa la inminente declaración de desastre a nivel departamental, reconociendo que siete municipios se han visto afectados por inundaciones y desbordes fluviales. Las regiones más perjudicadas incluyen Yacuiba, Villa Montes, Entre Ríos, Uriondo y El Puente, particularmente en la zona del río San Juan del Oro.
Actualmente, se elabora un informe detallado para cuantificar el número de familias damnificadas, que ya superan las 2.800 en todo el departamento, y evaluar las pérdidas materiales ocasionadas por este evento climático adverso. Una vez formalizada la declaratoria de desastre departamental, se espera que se canalicen recursos desde el gobierno central, incluyendo fondos provenientes de créditos internacionales, para atender la emergencia y apoyar la recuperación de las comunidades afectadas. La limitada capacidad financiera del gobierno departamental subraya la necesidad de asistencia externa para afrontar los costos derivados de esta crisis
