El sistema de educación pública en Tarija se encuentra en el centro de un intenso debate, impulsado por denuncias de cobros indebidos a estudiantes que, según informes, están contribuyendo al abandono escolar. La situación ha escalado a un intercambio de acusaciones entre una autoridad municipal y un representante de la junta escolar, quienes discrepan sobre la asignación de responsabilidades y la raíz del problema.
Una concejal municipal ha confirmado que ninguna institución educativa pública está autorizada a exigir pagos, materiales específicos o uniformes a los estudiantes. Esta determinación surge a raíz de reportes difundidos en plataformas digitales, donde alumnos manifestaban su imposibilidad de asistir a clases por no poder costear elementos como botiquines o cumplir con otros requisitos. Se ha señalado que es inaceptable que la falta de recursos económicos impida el acceso a la educación.
La prohibición se fundamenta en una comunicación oficial de la Dirección Distrital de Educación de 2024, que veta cualquier cobro no autorizado por el Ministerio de Educación. Asimismo, la Ley Educativa 070, en su artículo 17, garantiza la gratuidad inmediata de la educación pública, y la Resolución Ministerial 001/2023 establece sanciones para los directivos que exijan aportes económicos. Se ha recalcado que los estudiantes pueden asistir con vestimenta común, incluyendo prendas de abrigo de cualquier color, y que nadie puede condicionar su derecho a la educación. La Dirección Distrital de Educación tiene previsto notificar nuevamente a todas las unidades educativas y convocar a reuniones con las juntas de padres para evitar acuerdos que generen gastos a las familias.
Esta medida busca mitigar el incremento de la deserción escolar, un fenómeno observado en otras regiones del país. Por ejemplo, se han reportado casos significativos de abandono escolar en Cochabamba y un aumento en las ausencias por motivos económicos en La Paz. El objetivo en Tarija es prevenir que las dificultades financieras expulsen a los estudiantes del sistema educativo, especialmente en el nivel secundario.
No obstante, esta postura ha provocado una enérgica respuesta por parte del presidente de la Junta Escolar de Cercado. Este representante ha manifestado su preocupación por la fiscalización dirigida a las juntas escolares, cuestionando la labor de la concejal. Ha interpelado sobre la antigüedad de la autoridad en su cargo y por qué la fiscalización no se ha enfocado en el gobierno municipal, cuya competencia es la entrega de materiales de limpieza, escritorio, bioseguridad y botiquines a las unidades educativas.
El presidente de la junta escolar ha enfatizado que la responsabilidad de proveer estos insumos recae en la Secretaría Municipal de Salud y Deporte y la Dirección de Educación Municipal. Ha argumentado que los padres se organizan en asambleas para cubrir estas necesidades debido a la complejidad burocrática y la falta de respuesta de la administración municipal, mencionando la existencia de numerosas solicitudes reiterativas sin atender.
En un ultimátum dirigido al alcalde, el representante de la junta escolar ha exigido el cumplimiento, en un plazo de 72 horas, de un acuerdo establecido en noviembre de 2024. Dicho acuerdo contemplaba una adición de dos millones de bolivianos al presupuesto de educación, destinados a material de limpieza, botiquines, material deportivo e infraestructura. Ha advertido que, de no acatarse el compromiso, se tomarán medidas y acciones ante la situación, sugiriendo que la fiscalización a las juntas escolares busca encubrir las responsabilidades del gobierno municipal
