La Unidad de Transparencia del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) ha iniciado una investigación bajo el código MMAA-UTCC-120-2025 para esclarecer posibles irregularidades en la contratación de una firma encargada de realizar una auditoría jurídica sobre 89 procesos laborales en los que la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) enfrentó demandas laborales.
Entre los señalados en la denuncia figuran William Mass Torrelio, jefe del Departamento Legal de Epsas; Iván Sánchez Ponce, responsable del Departamento de Auditoría; y Luis Miguel Mamani Charca, quien está a cargo de la Unidad de Contrataciones. La investigación surge a raíz de una solicitud de la jefa de la Unidad de Transparencia, Pamela Espejo, quien pidió al interventor actual de Epsas, Pedro Flores, la entrega de documentos relacionados con el proceso de contratación ANP 127/2025. Este proceso adjudicó el trabajo a la Consultora Navarro & Asociados por un monto de 180.000 bolivianos, debido a sospechas de posibles actos de corrupción en la contratación.
La consultoría jurídica tenía como objetivo evaluar 89 procesos laborales iniciados por trabajadores contra Epsas durante un periodo de diez años, principalmente por despidos injustificados. Entre estos casos destaca uno en el que 401 empleados reclamaron la devolución de un bono de antigüedad, una demanda que tras siete años fue ganada y que implicará un costo aproximado de 150 millones de bolivianos para la empresa.
Un aspecto cuestionado en la investigación es que la Consultora Navarro & Asociados pertenece a Marcelo Liber Navarro Gonzales, exjefe del Departamento Legal de Epsas durante la gestión del exinterventor Miguel Ángel Gonzales en 2021. Navarro Gonzales enfrenta un proceso penal por presuntos incumplimientos de deberes, nombramientos ilegales y uso indebido de influencias, actualmente en etapa de acusación.
William Mass Torrelio, quien firmó como parte de la Comisión de Calificación que aprobó la contratación de la consultora, negó haber participado en la contratación y deslindó responsabilidades, aunque su firma aparece en documentos oficiales del proceso. Además, el contrato estipula un plazo de 45 días para la entrega de resultados, a partir del 10 de octubre, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad de evaluar exhaustivamente los 89 procesos en un tiempo tan reducido.
El consultor en temas de agua y saneamiento, José María Herbas, manifestó su preocupación por la rapidez con la que se desarrollaron la convocatoria, adjudicación y contratación, todas realizadas en el lapso de una semana. Además, cuestionó la labor de supervisión de autoridades anteriores y actuales, señalando que permitieron irregularidades que afectan los recursos de la empresa y, en consecuencia, a la población que depende del servicio de agua potable.
Otro punto que levanta sospechas es que la Consultora Navarro & Asociados fue la única postulante al proceso y obtuvo una calificación perfecta, lo que, junto con el corto plazo para realizar la auditoría, sugiere posibles actos irregulares. Herbas destacó que analizar un caso complejo como el del bono de antigüedad, que consta de más de 15 cuerpos y 25 mil páginas, tomaría semanas, por lo que evaluar 89 procesos similares en menos de dos meses parece inviable.
La investigación continúa en curso para esclarecer estas irregularidades y determinar responsabilidades en la contratación y ejecución de la auditoría jurídica en Epsas
