El abogado Abel Loma, quien actúa como denunciante en el caso de corrupción que llevó a la detención del exlíder sindical Juan Carlos Huarachi, ha anunciado que presentará una nueva denuncia ante la Fiscalía. Esta acción apunta a tres médicas que certificaron una supuesta invalidez del dirigente, atribuida a varias enfermedades crónicas.

Según Loma, los documentos presentados por Huarachi ante el tribunal indican que un tribunal médico certificó daños severos en una vértebra, atrofia en ambas rodillas que impedirían su capacidad para caminar, además de un grado de sordera y una enfermedad respiratoria crónica derivada de la exposición a sustancias tóxicas durante su trabajo en una mina. Estas certificaciones fueron utilizadas para tramitar una renta vitalicia por invalidez ante la Gestora Pública, que le permitió recibir un pago mensual de 8.000 bolivianos, sumado a su salario y bonos como ayudante de perforista en la empresa minera estatal de Huanuni.

Loma anunció que la denuncia inicial será por falsedad ideológica contra las tres médicas que firmaron los certificados como parte del tribunal evaluador. En su opinión, la documentación presentada por la defensa de Huarachi no coincide con su estado de salud real, ya que durante sus actividades públicas y sindicales se le observó en buen estado físico, sin signos evidentes de las dolencias mencionadas.

El exlíder sindical se encuentra detenido desde noviembre, acusado de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito. La investigación señala que en 2023 habría recibido un pago de 40.000 bolivianos como soborno del entonces ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz. Este monto formaría parte de una red de coimas que superó los 19 millones de bolivianos, vinculada a contratos de construcción en esa cartera estatal.

En el proceso también figura Claudia Cortez, testigo clave y cliente de Loma, quien declaró haber entregado el dinero a través de otro dirigente sindical. Mientras el exministro Santos y sus colaboradores enfrentan acusaciones y esperan juicio, el caso contra Huarachi sigue un proceso separado aunque relacionado.

Además, se ha cuestionado la veracidad del supuesto trabajo de Huarachi en la mina, ya que compañeros de labores niegan que haya ejercido funciones en los socavones. Según los documentos presentados, desde 2007 habría trabajado como ayudante de perforista, percibiendo un salario de 23.000 bolivianos, al que se sumaban los 8.000 bolivianos de la renta vitalicia, totalizando 31.000 bolivianos mensuales sin contar otros beneficios sindicales.

En declaraciones previas, Huarachi mencionó ser propietario de tres viviendas adquiridas con sus ingresos y estar a cargo del cuidado de su madre, aunque posteriormente evitó responder sobre sus fuentes de ingreso. La nueva denuncia de Loma buscará esclarecer la autenticidad de los certificados médicos y la situación real del exdirigente sindical en este caso de corrupción