Dos magistradas electas en 2024, Paola Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca, presentaron una denuncia penal contra los cinco magistrados que se mantienen en sus cargos mediante una tercera prórroga autoproclamada en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La denuncia, interpuesta por falsedad material e ideológica, cuestiona la resolución emitida el 31 de octubre, que fue aprobada en un proceso calificado de opaco por las denunciantes.

Prudencio denunció que el Auto Constitucional Plurinacional 070/2025-O no fue remitido a los magistrados electos y que su aprobación se realizó sin la participación de la Sala Plena, presentándose públicamente como una decisión unánime cuando, en realidad, existió disidencia. Señaló además que esta resolución debería haber contado con la aprobación de los nueve magistrados y criticó que se haya tramitado sin la inclusión de quienes asumieron sus cargos tras el proceso electoral de 2024.

La resolución en cuestión estipula que los magistrados prorrogados permanecerán en sus funciones hasta que se elijan nuevas autoridades, lo que, según Prudencio, limita la capacidad de la Asamblea Legislativa para destituirlos y convocar a nuevos comicios. La magistrada subrayó que ya son dos años en los que estas prórrogas han impedido sistemáticamente la cesación de sus funciones, vulnerando el principio fundamental de que nadie puede actuar como juez en su propio interés.

Este conflicto interno se intensificó luego de que los cuatro magistrados electos difundieran un video denunciando irregularidades y abusos por parte de los magistrados prorrogados para mantener el control del pleno y de la Comisión de Admisión. Acusaron a estos últimos de haber bloqueado en tres ocasiones la destitución mediante autos constitucionales que declararon inconstitucionales proyectos de ley destinados a restablecer la supremacía constitucional. Entre las resoluciones cuestionadas se encuentran los autos 53/2024-O, 002/2025-O y 070/2025-O, los cuales, según los denunciantes, exceden las competencias del Tribunal al declarar inconstitucionalidad de proyectos de ley mediante autos, una práctica no permitida por el Código Procesal Constitucional.

El presidente del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado, no respondió a los intentos de contacto para obtener su versión sobre estos hechos ni respecto al video divulgado por los magistrados electos.

La tensión política aumentó cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, manifestó públicamente su apoyo a los magistrados electos y cuestionó la legalidad de la tercera prórroga, señalando que esta resolución limita las facultades de la Asamblea Legislativa. Posteriormente, Saucedo reafirmó su respaldo a la denuncia penal, destacando la necesidad de restablecer el Estado de Derecho y rechazando la tolerancia a irregularidades que afectan la institucionalidad.

En este marco, la reciente Cumbre Judicial celebrada en Sucre solicitó el cese de los magistrados prorrogados, incrementando la presión institucional sobre estos cinco funcionarios cuyo mandato prorrogado genera controversia.

Por su parte, el magistrado electo Boris Arias solicitó que la nulidad del Auto 070/2025-O sea resuelta por jueces suplentes, enfatizando que ningún magistrado debe intervenir en casos que le involucren directamente. Recordó que los nueve miembros del TCP pueden ser sujetos a juicio de responsabilidades como última instancia. Arias reconoció la existencia de temas administrativos pendientes, pero aclaró que la mayoría dentro del Tribunal no la poseen y que la función principal de los magistrados es emitir sentencias, no involucrarse en política