La iniciativa del legislador Juan Del Granado, representante de la Unidad, busca transformar radicalmente el proceso de selección de magistrados en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia. Esta propuesta se centra en la modificación de 18 artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y propone sustituir el actual sistema de votación en urnas por un referéndum de consulta popular.
El proyecto, titulado “Proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado en materia de justicia”, fue presentado formalmente a la Presidencia de la Cámara de Diputados, liderada por Roberto Castro. En un acto que simboliza el respaldo a esta iniciativa, ambos legisladores sellaron su acuerdo con un apretón de manos.
Para llevar a cabo esta reforma, Del Granado propone la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones. Esta comisión estará integrada por nueve miembros que serán seleccionados por diferentes sectores de la sociedad civil, asegurando que los designados cuenten con una trayectoria profesional y personal destacada, así como con independencia política. De los nueve miembros, dos serán nombrados por la Asamblea Legislativa, otros dos por universidades públicas bolivianas y dos más por organizaciones periodísticas. Además, el Colegio de Abogados, la Asociación de Jueces y el sistema jurídico indígena originario campesino aportarán un representante cada uno.
Una vez constituida esta comisión, se encargará de preseleccionar a los candidatos para los cargos en el Órgano Judicial y en el TCP. Este proceso incluirá una verificación pública que garantice tanto la idoneidad como la probidad de los postulantes, asegurando además el principio de paridad de género y criterios plurales que reflejen la diversidad del país. Las ternas resultantes serán enviadas a la Asamblea Legislativa para su aprobación final.
El proyecto también estipula que tras la selección por parte del Legislativo, el Tribunal Supremo Electoral deberá convocar a un referéndum nacional en un plazo máximo de 15 días para ratificar o rechazar a los magistrados designados. Este referéndum deberá llevarse a cabo dentro de un periodo no mayor a noventa días.
Además del proceso para elegir magistrados judiciales, este proyecto también contempla cambios en las elecciones del Defensor del Pueblo y del Fiscal General del Estado. La misma Comisión Nacional será responsable de preseleccionar candidatos para estos cargos antes mencionados.
Una parte crítica del proyecto es la propuesta para eliminar la Procuraduría General, institución encargada hasta ahora de defender legalmente al Estado. Esta medida responde a las preocupaciones sobre una deuda acumulada que asciende a 444 millones de dólares en arbitrajes internacionales y más de 33 millones en arbitrajes comerciales.
La idea detrás del proyecto no es nueva; se remonta a tres años atrás cuando juristas independientes impulsaron una cruzada para recolectar firmas con el objetivo de convocar un referéndum que buscara modificar aspectos clave de la CPE. Aunque lograron reunir 833 mil firmas —una cantidad significativa— no alcanzaron las 1.5 millones requeridas para cumplir con los requisitos establecidos.
El proceso legislativo para esta reforma parcial requiere que se forme una comisión mixta compuesta por miembros tanto del Senado como Diputados. Una vez completado este paso inicial, el presidente Edmand Lara deberá convocar una sesión para discutir el proyecto ante el pleno legislativo.
En cuanto al financiamiento judicial, el proyecto establece que al menos un 3% del presupuesto nacional debe ser destinado al Órgano Judicial. También se contempla la creación de “jueces de paz” y se implementará una carrera judicial destinada a promover a juristas altamente capacitados en sus respectivas áreas.
Por último, cabe destacar que tras no alcanzar su meta inicial con las firmas recolectadas, los juristas independientes decidieron destruir los libros donde estaban registradas las firmas debido a intentos por parte de políticos interesados en utilizarlas para crear nuevos partidos políticos.
Con todo esto en mente, se anticipa que el Órgano Ejecutivo enviará próximamente varios proyectos estructurales al Legislativo, incluyendo propuestas sobre hidrocarburos y minería, las cuales serán socializadas antes del tratamiento formal correspondiente.
