El exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo recuperó su libertad tras una decisión judicial que descartó cualquier imputación en su contra por el supuesto delito de obstrucción policial. La resolución fue emitida por un juez constitucional, quien ordenó su liberación inmediata y el cese de la persecución policial en su contra y la de su familia.
Al abandonar el Palacio de Justicia, Del Castillo expresó su satisfacción por poder atender asuntos personales, especialmente relacionados con la salud de su hija menor, quien tiene un diagnóstico de autismo y requería una evaluación neurológica programada en Santiago de Chile. El exfuncionario aseguró que buscará reprogramar las citas médicas y confirmó que su pasaje de regreso estaba adquirido con anticipación.
En sus declaraciones, enfatizó que no ha abandonado el país ni tiene intención de hacerlo, cuestionando la lógica de una supuesta fuga a través del aeropuerto internacional con toda su familia y una menor con condición médica. Subrayó que, de haber querido evadir la justicia, habría optado por una vía terrestre mucho antes.
Del Castillo denunció un abuso durante un operativo policial en el aeropuerto internacional Viru Viru, donde, según indicó, se suspendieron controles migratorios y vuelos internacionales sin fundamento legal, causando perjuicios económicos al Estado. Además, señaló que su hija sufrió una crisis emocional y un golpe durante el procedimiento, hecho que estaría respaldado por evidencia audiovisual. Anunció que presentará acciones legales, incluso en instancias internacionales, para proteger los derechos vulnerados.
La decisión de liberarlo se dio tras la determinación del Ministerio Público de no presentar cargos en su contra ni contra su cuñado, vinculados con la supuesta obstrucción a funciones públicas. En paralelo, una acción de libertad interpuesta por su defensa fue clave para que el juez dictara la tutela y ordenara la inmediata liberación.
Eduardo Del Castillo, abogado y militante del Movimiento al Socialismo (MAS), alcanzó notoriedad como ministro de Gobierno durante la administración de Luis Arce, siendo una figura central en operativos y procesos judiciales con alto impacto político. Su gestión fue objeto de críticas, especialmente por su papel en la captura de autoridades opositoras y en casos judiciales polémicos. A pesar de ello, mantiene una postura firme sobre la legalidad de sus acciones y la defensa de su imagen pública.
Tras recobrar la libertad, Del Castillo anunció que continuará utilizando todos los recursos legales necesarios para demostrar su inocencia y evitar que situaciones similares se repitan con otros ciudadanos. Su caso refleja la compleja relación entre política y justicia en el país, en un contexto marcado por la polarización y las disputas de poder

