El exministro de Gobierno y actual aspirante a la presidencia, Eduardo Del Castillo, ha presentado una propuesta para la regularización de los vehículos indocumentados que circulan en el país. Su plan contempla la legalización de estos automóviles mediante el pago de una tarifa accesible, con la condición de que sean convertidos a un sistema híbrido o eléctrico, incorporando un kit verde para reducir su impacto ambiental. Del Castillo defiende esta iniciativa como una medida equitativa y viable, a pesar de que una parte significativa de estos motorizados tiene un origen ilícito, vinculado a robos violentos e incluso a la pérdida de vidas humanas.
Investigaciones previas han sacado a la luz una compleja red delictiva, en la que presuntamente estarían involucrados efectivos policiales, dedicada a la internación y comercialización de automóviles sin registro en Bolivia. Se calcula que cerca de un millón de unidades vehiculares indocumentadas operan en el territorio nacional, habiendo ingresado por más de setenta puntos fronterizos clandestinos, principalmente desde Chile. Estos automóviles son posteriormente ofertados en un circuito de ferias ilegales, que superan las setenta y tres en todo el país, con centros importantes en Challapata, Ventilla, Chapare y Yapacaní.
Gran parte de estos vehículos que llegan a Bolivia fueron sustraídos con violencia en Chile, donde sus legítimos propietarios fueron víctimas de asaltos, algunos de los cuales resultaron fatales.
Durante su gestión como ministro de Gobierno, Del Castillo fue objeto de críticas por la percibida falta de control sobre esta actividad ilícita. A pesar de que varios agentes de la fuerza pública fueron señalados por su presunta implicación en estas redes, no se ha hecho pública información sobre si los uniformados expuestos en reportajes fueron separados de sus cargos. Adicionalmente, se reportó que la administración del presidente Luis Arce habría entregado vehículos indocumentados a diversas organizaciones sociales, incluyendo uno que llegó a la Cámara de Diputados. Parlamentarios como Marcelo Pedrazas y Beto Astorga interpelaron al entonces ministro por estos incidentes, a lo que Del Castillo respondió que no poseían información que confirmara el origen robado de los motorizados en el país vecino
