Ante la proximidad de la segunda vuelta electoral fijada para el 19 de octubre, la Defensoría del Pueblo ha puesto en marcha, bajo la dirección de su titular, Pedro Callisaya, un Centro de Monitoreo de Derechos Humanos. Esta iniciativa contará con el despliegue de aproximadamente 900 observadores, compuestos por voluntarios y personal de la institución.

Su misión será registrar y gestionar posibles vulneraciones a los derechos fundamentales en el marco del proceso democrático. La presencia de estos observadores se extenderá a 500 recintos electorales distribuidos en 70 municipios, abarcando las nueve capitales departamentales y la ciudad de El Alto.

Adicionalmente, se han programado visitas a medio centenar de instituciones de custodia, incluyendo centros penitenciarios, celdas policiales, hospitales, albergues y unidades militares, con el objetivo de verificar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas allí presentes.

El centro está diseñado para recibir y canalizar las denuncias ciudadanas sobre transgresiones a los derechos, así como para documentar incidentes de conflictividad electoral y violencia. Para ello, dispone de un equipo técnico especializado en coordinación general, complementado por un equipo jurídico, que gestionará los reportes y denuncias en estrecha colaboración con las 21 oficinas regionales de la Defensoría.

Su labor incluirá la sistematización de la información recabada, la emisión de alertas tempranas ante denuncias o conflictos, y la coordinación estratégica con el Órgano Electoral, la Policía Boliviana y los observadores internacionales, adaptándose a la naturaleza de cada demanda.

Las operaciones de este centro se iniciarán a las 07:00 horas del 19 de octubre y se mantendrán activas hasta la conclusión del escrutinio de votos. Para facilitar la presentación de denuncias, se han habilitado diversos canales: la línea gratuita 800-10-8004, el número de WhatsApp 72006607, y la plataforma en línea de la institución