Frente a posibles daños ambientales, la Defensoría del Pueblo ha solicitado medidas cautelares para detener temporalmente la ejecución del proyecto petrolero Domo Oso X-3, ubicado en el área de San Telmo Norte, mientras se evalúan aspectos técnicos y legales pendientes. Esta acción tiene como objetivo proteger la integridad de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, evitando impactos ambientales irreversibles durante la revisión de los procedimientos relacionados con la consulta pública, la emisión de licencias ambientales y el cumplimiento de normativas internacionales.
La institución enfatizó que su intervención se fundamenta en la defensa constitucional del derecho a un ambiente saludable y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano, particularmente en el marco del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de quienes defienden el medio ambiente. Además, la Defensoría anunció un monitoreo constante del proceso judicial que enfrentan algunos comunarios, así como de la situación ambiental y social en la zona afectada.
Esta solicitud surge en un contexto de creciente tensión social y política. Tras una audiencia pública donde no se alcanzaron consensos, el Comité Cívico Departamental convocó a una Asamblea de Instituciones para abordar exclusivamente la situación en Tariquía y la formación de una comisión técnica y legal que coordine una respuesta institucional frente al avance del proyecto exploratorio.
Durante la audiencia, el presidente de YPFB aseguró que el proyecto cumplió con todos los procedimientos administrativos y legales vigentes, incluyendo la consulta previa y la obtención de la licencia ambiental, señalando que el pozo DMO X-3 se encuentra a una distancia de 1,5 kilómetros de la reserva. No obstante, representantes políticos expresaron preocupaciones sobre posibles impactos indirectos derivados del traslado de maquinaria, desmonte y generación de residuos, que podrían afectar las cuencas hidrográficas cercanas. Asimismo, destacaron el rechazo mayoritario de la población local hacia la intervención petrolera en esta área protegida.
La situación se agravó con la denuncia del ingreso de maquinaria pesada en el municipio de Entre Ríos por parte de una empresa vinculada al proyecto, lo que motivó a las comunidades a establecer vigilancia permanente y considerar movilizaciones. Paralelamente, se generó controversia por una demanda penal presentada contra comunarios, interpretada como un intento de criminalizar la defensa ambiental.
A pesar de las críticas y las medidas cautelares solicitadas, las autoridades gubernamentales reafirmaron la continuidad del proyecto, destacando la importancia económica de la inversión estimada en 40 millones de dólares y los potenciales ingresos que podrían superar los 900 millones, además de las regalías destinadas a la región. El viceministro de Exploración y Explotación subrayó que la ubicación del pozo, a 1,5 kilómetros de la reserva, cumple con las normativas establecidas para su desarrollo
