La Defensoría del Pueblo ha emitido una advertencia significativa respecto a la falta de publicación oportuna de los planes de gobierno de diversas organizaciones políticas y alianzas que participarán en las elecciones subnacionales previstas para 2026. Esta situación, detectada a través de un análisis exhaustivo, pone en riesgo el acceso de la ciudadanía a información esencial para ejercer un voto libre e informado, elemento fundamental en cualquier proceso democrático.
El retraso y las omisiones en la publicación de estos documentos no solo afectan el derecho a la información pública, sino que también comprometen la transparencia electoral y la calidad democrática del proceso. La Defensoría ha señalado que varios planes de gobierno no fueron puestos a disposición del público dentro del plazo establecido por el calendario electoral, que fijaba como fecha límite el 28 de diciembre de 2025. Este incumplimiento limita la posibilidad de que los votantes puedan conocer con anticipación las propuestas y compromisos que cada organización política presenta para los gobiernos municipales y departamentales.
Además, se identificaron deficiencias en la organización y difusión de estos contenidos en los portales oficiales de algunos Tribunales Departamentales Electorales (TED), particularmente en La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca. En el caso específico del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, se detectó un problema técnico relevante: el código QR inicialmente habilitado para facilitar el acceso a los planes de gobierno dirigía a documentos internos no relacionados con las propuestas electorales. Esta situación generó confusión entre la ciudadanía y restringió aún más el acceso a información vital para evaluar a los candidatos y sus programas.
Ante estas irregularidades, la Defensoría del Pueblo solicitó formalmente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que tome medidas inmediatas para corregir estas omisiones y garantizar la publicación íntegra y accesible de los planes. La institución fundamenta esta solicitud en mandatos constitucionales y legales que garantizan el derecho a la información pública y promueven la igualdad, participación política paritaria y fortalecimiento democrático. En este sentido, insistió en que aún no se cuenta con todos los planes correspondientes a municipios del departamento de La Paz —incluyendo El Alto—, así como con algunos documentos departamentales y municipales en Santa Cruz y Chuquisaca.
Este llamado cobra especial relevancia considerando que el proceso electoral se acerca rápidamente. El calendario oficial establece que desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 18 de marzo de 2026 está permitida la difusión de propaganda electoral en actos públicos como mítines, caravanas y concentraciones donde las organizaciones políticas pueden presentar sus propuestas. A partir del 20 de febrero también está habilitada la propaganda en medios masivos hasta casi un mes antes de las elecciones. En este contexto, el presidente del TSE recomendó enfáticamente que los candidatos prioricen la promoción clara y detallada de sus planes de gobierno durante estos espacios públicos para favorecer una mejor comprensión por parte del electorado.
Cabe destacar que esta situación se produce en medio de una coyuntura compleja para el Tribunal Departamental Electoral (TED) de La Paz, que continúa sin autoridades titulares debido a postergaciones reiteradas en la elección de vocales. Estas demoras han sido motivadas por observaciones relacionadas con paridad de género, representación indígena y recursos judiciales pendientes. Esta acéfalia institucional añade un nivel adicional de dificultad para garantizar un proceso electoral transparente y bien organizado en uno de los departamentos más importantes del país.
En definitiva, las observaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo subrayan la importancia crítica que tiene una adecuada organización y difusión previa al acto electoral para asegurar condiciones equitativas e informadas para todos los ciudadanos. El acceso oportuno a los planes políticos es una herramienta indispensable para fortalecer no solo el ejercicio del voto sino también la confianza pública en las instituciones democráticas. La respuesta pronta y eficaz del Órgano Electoral Plurinacional será clave para superar estas deficiencias y garantizar un proceso transparente que respete los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado
