La Defensoría del Pueblo ha documentado un total de ocho decesos ocurridos durante los recientes bloqueos de caminos en Bolivia, en un contexto de marcada violencia social. Esta evaluación preliminar, que abarca el mes de junio de 2025, detalla las consecuencias de las interrupciones viales protagonizadas por grupos vinculados al exmandatario.

Los lamentables sucesos se concentraron en el municipio de Llallagua, en Potosí, y en diversas localidades del departamento de Cochabamba. Entre las víctimas fatales se contabilizan dos ciudadanos particulares, dos individuos pertenecientes al sector movilizado y cuatro agentes de la policía que participaban en operaciones de despeje. Esta cifra de ocho fallecidos excede el balance de seis decesos que las autoridades gubernamentales habían reconocido hasta el momento.

Más allá de las pérdidas humanas, el análisis preliminar ha identificado a 173 personas con diversas lesiones. Este grupo incluye tanto a participantes en las movilizaciones como a terceros no involucrados en los bloqueos, habitantes de las zonas afectadas y efectivos policiales.

La situación de tensión también derivó en la detención de 201 individuos. De estos, 36 se encuentran bajo detención preventiva, y 32 enfrentan procesos penales por delitos que abarcan desde atentados contra la seguridad del Estado y uso de explosivos, hasta asesinato y tentativa de homicidio.

El periodo de bloqueos, que se extendió desde el 2 hasta el 16 de junio, generó una serie de repercusiones adicionales. Se registraron cuatro incidentes de agresiones contra periodistas, que incluyeron amenazas, hostigamiento y el robo de equipos. Asimismo, se documentaron ocho casos de obstrucción al paso de ambulancias y agresiones contra personal médico, con retenciones reportadas en Japo, Cochabamba. Transportistas quedaron varados en las rutas bloqueadas, sin acceso a alimentos ni atención sanitaria. La economía nacional sufrió un impacto significativo, con cuantiosas pérdidas estimadas en los sectores agrícola, ganadero, de transporte y comercio, afectando directamente la canasta familiar. Finalmente, el derecho a la educación se vio comprometido con la suspensión de clases en localidades como Betanzos y Llallagua