Los defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía mantienen firme su compromiso de proteger el territorio, a pesar de la escalada en los procesos judiciales que enfrentan. Actualmente, doce comunarios están formalmente acusados, algunos de ellos involucrados en múltiples causas relacionadas con las mismas circunstancias, lo que marca el inicio de juicios en su contra tras más de un año de investigaciones.
Según representantes de las comunidades involucradas, la transición de imputación a acusación formal fue promovida por las empresas petroleras YPFB y Petrobras, lo que ha generado una mayor presión legal sobre quienes defienden el área protegida. Esta situación ha afectado considerablemente la vida diaria de los procesados, quienes deben atender constantes citaciones, cumplir restricciones y presentarse ante instancias judiciales, limitando sus labores y actividades comunitarias.
Los defensores expresan su preocupación ante la continuidad de estas acciones pese al cambio de gobierno, ya que consideran que la justicia se utiliza como un instrumento para coartar la defensa ambiental, en contravención a lo establecido en la Constitución Política del Estado y en acuerdos internacionales que protegen a quienes resguardan el medio ambiente.
Las comunidades reiteran su rechazo absoluto a la explotación petrolera dentro de la reserva, recordando la existencia de un voto resolutivo consensuado que prohíbe cualquier actividad extractiva en la zona. Además, lamentan la falta de apoyo constante por parte de autoridades e instituciones locales, enfatizando que la defensa de Tariquía es una causa permanente que trasciende los periodos electorales, dado que se trata de un patrimonio de la región y del país.
Como muestra de su determinación, los defensores mantienen activas la vigilia y el punto de bloqueo, reafirmando que la lucha por la conservación de la reserva ecológica continúa con firmeza
