Un grupo de 12 comunarios de la localidad de Tariquía se enfrenta a un juicio penal programado para el 7 de mayo en el juzgado de Entre Ríos, provincia O’Connor de Tarija. Estos comunarios son acusados por la empresa Petrobras y el gobierno de tres delitos: afectación a la libertad de trabajo, impedir la función pública y asociación delictuosa. La información fue proporcionada por el abogado defensor Roger Ibarra Coronado, quien representa a diez de los acusados.
El juicio se llevará a cabo en el Tribunal Primero de Sentencia en horas de la mañana. Ibarra también señaló que existe una segunda denuncia contra los defensores, la cual fue desestimada por la Fiscalía. A pesar de las acusaciones, los comunarios no enfrentan medidas preventivas; no están obligados a firmar ante la Fiscalía ni han tenido que fijar ninguna fianza o cumplir con otro tipo de medidas restrictivas.
Este proceso judicial surge en el contexto de las protestas que llevaron a cabo los pobladores de Chiquiacá, quienes han bloqueado el acceso a la zona Domo Oso X-3, argumentando que las actividades petroleras representarían una amenaza para sus fuentes y cursos de agua. La defensa de Ibarra sostiene que estas acciones son una manifestación legítima del derecho a proteger sus recursos naturales y su entorno.
La situación se complica aún más con el reciente recurso de compulsa presentado por la Procuraduría del Estado ante el Tribunal Agroambiental en Sucre, que apoya el ingreso de Petrobras a la Reserva de Tariquía. La audiencia relacionada con este recurso fue suspendida tras su presentación, y se espera que el juez agroambiental emita una resolución en un plazo aproximado de 15 días. Esta decisión determinará si se permite continuar con las actividades petroleras en la zona o si se suspenden como lo demandan los comunarios.
El abogado Ibarra ha destacado las preocupaciones ambientales relacionadas con este proyecto petrolero. Según estimaciones realizadas por la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Territorio (ABT), si se permite el ingreso de Petrobras, se generaría un impacto ambiental significativo, afectando un área de 84 kilómetros de longitud y 14 metros de ancho, lo que provocaría una considerable deforestación. Esta proyección incluye la apertura de vías para maquinaria y equipo, lo que incrementaría aún más las preocupaciones entre los habitantes locales sobre las repercusiones ambientales que podría tener esta actividad sobre sus tierras y recursos hídricos.
La postura firme y organizada de los comunarios refleja su compromiso por defender su entorno natural frente a lo que consideran una amenaza inminente. A medida que se aproxima la fecha del juicio, tanto los acusados como sus defensores continúan trabajando para hacer escuchar sus voces y proteger su comunidad frente a intereses externos.
