El Defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, manifestó su preocupación ante la incertidumbre que está generando el Decreto Supremo 5503, promulgado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. Esta situación se agrava en medio de una crisis económica prolongada que afecta a la población con problemas como la escasez de combustibles, la falta de divisas y el aumento constante de los precios de los alimentos básicos.

Callizaya destacó que la difusión del decreto ha aumentado la inquietud entre los ciudadanos, por lo que instó al Ejecutivo a crear espacios amplios y accesibles para brindar información clara sobre el contenido y las implicaciones de esta medida. Subrayó la necesidad de ofrecer certezas en aspectos fundamentales como las tarifas del transporte urbano, interprovincial e interdepartamental, así como en los costos de los productos alimenticios esenciales.

El defensor advirtió que permitir que el mercado establezca estos precios bajo mecanismos opacos o especulativos podría generar mayores tensiones sociales. En consecuencia, consideró vital que el Gobierno promueva instancias de diálogo que incluyan a autoridades departamentales y municipales, organizaciones sociales, entidades de la sociedad civil y otros sectores relevantes, con el fin de evitar posibles conflictos.

En un comunicado oficial, la Defensoría recordó que cualquier política pública debe respetar los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los principios de igualdad, no discriminación y acceso a la información pública.

Finalmente, se informó que la Defensoría del Pueblo está impulsando “diálogos solidarios” para fomentar la cohesión social y fortalecer el tejido comunitario, invitando a todos los actores políticos e institucionales a privilegiar el diálogo como herramienta esencial para afrontar la actual coyuntura