La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) ha dado un paso significativo en su lucha por justicia en relación con los abusos perpetrados por jesuitas catalanes en Bolivia. El pasado 27 de marzo, el Síndic de Greuges de Catalunya, conocido como el Defensor del Pueblo de Cataluña, confirmó la aceptación de la solicitud presentada por la CBS para que se tomen medidas políticas e investigativas sobre este caso. En su respuesta oficial, el Síndic comunicó que la solicitud se ha integrado dentro de un procedimiento de oficio relacionado con denuncias de abuso en el colegio Jesuitas Caspe. Este proceso no interfiere con las acciones judiciales o administrativas que puedan estar en curso.
La aceptación del Síndic es un paso crucial, ya que este organismo tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales, especialmente los de niños y adolescentes. Al involucrarse en este caso, el Defensor del Pueblo catalán no solo aborda una cuestión local, sino que también se enfrenta a implicaciones de orden internacional y a responsabilidades históricas que trascienden las fronteras.
Simultáneamente, el Parlamento de Cataluña ha admitido a trámite la petición formulada por la CBS para la creación de una comisión de investigación sobre delitos de lesa humanidad vinculados a la Compañía de Jesús. Esta iniciativa busca esclarecer las responsabilidades institucionales en relación con los abusos sexuales cometidos contra menores y establecer mecanismos adecuados para reparar a las víctimas bolivianas. La decisión definitiva sobre esta solicitud dependerá ahora de la Comisión de Peticiones del Parlamento.
Alejandro Klock Varas, representante legal de la CBS, subrayó que los casos denunciados tienen su origen en Cataluña, dado que esta provincia es considerada la madre de la Compañía de Jesús en Bolivia desde hace más de 70 años. Klock Varas enfatizó que el Estado boliviano es el principal agraviado en esta situación, al haber permitido un sistema delictivo que ha persistido durante casi siete décadas.
En otro desarrollo relevante, dos víctimas del jesuita catalán Luis María Roma Padrosa presentaron recientemente una denuncia penal ante la Fiscalía de Santa Cruz. En esta denuncia se acusa a cuatro ex provinciales jesuitas y a un sacerdote por complicidad y encubrimiento respecto a los abusos cometidos por Roma Padrosa en Charagua. Los denunciantes sostienen que estos religiosos tenían conocimiento sobre las agresiones y no tomaron las medidas adecuadas para detenerlas o denunciarlas.
Este contexto se ve reforzado por antecedentes judiciales previos. En septiembre del año pasado, dos ex provinciales jesuitas fueron condenados en Cochabamba por encubrimiento, recibiendo penas privativas de libertad y órdenes para reparar civilmente a las víctimas. Además, se instruyó una ampliación de la investigación contra otros religiosos mencionados durante el juicio, lo cual podría dar lugar a nuevos procesos legales.
La evolución del caso ha cobrado dimensiones internacionales gracias al esfuerzo colectivo y persistente de las víctimas. Pedro Lima, vocero de los sobrevivientes, destacó que lo que comenzó como denuncias locales ahora se ha convertido en un asunto global con repercusiones políticas y éticas significativas. Wilder Flores, presidente de la CBS, agregó que gracias a su organización y determinación, han logrado posicionar esta problemática en la agenda pública internacional, desafiando no solo las responsabilidades individuales sino también las estructuras institucionales que han perpetuado la impunidad durante años.
