La situación de los hijos de los militares implicados en el denominado ‘Zuñigazo’ ha generado un conflicto que trasciende el ámbito judicial para afectar directamente a las familias involucradas, particularmente en lo que respecta a la educación de los menores. Estos niños y adolescentes, quienes gozaban de becas para estudiar en la Unidad Educativa del Ejército ‘La Paz’, han perdido estos beneficios tras la baja definitiva de sus padres en las Fuerzas Armadas. Esta medida ha provocado una reacción inmediata por parte de las familias afectadas, que han solicitado la restitución de las becas, buscando salvaguardar los derechos educativos de sus hijos.

El Ministerio de Defensa, ante esta situación, ha respondido a las demandas familiares con un comunicado oficial en el que no ofrece respaldo directo para revertir la suspensión de las becas. En cambio, ha instado a las autoridades judiciales a acelerar los procesos legales relacionados con el caso ‘Zuñigazo’, subrayando la importancia del respeto a los plazos legales y a las garantías procesales vigentes. Esta postura refleja una posición institucional que prioriza el avance del proceso judicial sobre intervenciones administrativas o sociales en favor de las familias afectadas.

El origen del conflicto se remonta al 26 de junio de 2024, cuando el general Juan José Zúñiga lideró una toma militar en plaza Murillo acompañado por un grupo de militares. En sus declaraciones posteriores, los implicados aseguraron desconocer la naturaleza completa de la movilización y afirmaron haber actuado bajo órdenes directas del general Zúñiga. Como consecuencia política y administrativa, en agosto del mismo año el gobierno decidió tramitar la baja definitiva para todos los militares involucrados. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en sus familias, ya que con la desvinculación militar se perdió automáticamente el derecho a ciertos beneficios sociales, entre ellos las becas educativas otorgadas a sus hijos.

El Ministerio de Defensa reconoció públicamente la complejidad que implica separar responsabilidades individuales dentro de esta situación y cómo ello puede afectar involuntariamente derechos conexos. En particular, señaló que los hijos e hijas de algunos militares detenidos preventivamente han visto vulnerados ciertos derechos debido a circunstancias ajenas a ellos, reflejando así un problema más amplio relacionado con la interdependencia jurídica y social que rodea este caso.

Una comunicación interna firmada el 2 de febrero por el coronel Aldo Juaquin Bosque Céspedes, jefe de la división investigación, Derechos Humanos y género, dirigida al inspector general del Ejército, general Javier Fernández Revollo, confirmó formalmente la suspensión de las becas para estos menores. En dicha carta se explica que conforme al Reglamento vigente para becas en la Unidad Educativa del Ejército ‘La Paz’, los hijos de los militares dados de baja no cumplen con los requisitos para mantener esos beneficios. Sin embargo, se contempló una excepción: debido a la condición profesional del esposo de una recurrente como miembro activo del Ejército boliviano, sus hijos podrán continuar accediendo al descuento previsto para hijos del personal militar. Este detalle evidencia cómo algunas familias buscan alternativas dentro del marco normativo para mitigar el impacto económico y social causado por esta crisis.

El proceso judicial vinculado al ‘Zuñigazo’ enfrenta serios retrasos desde mayo del año pasado cuando la Fiscalía presentó formalmente la acusación contra los militares implicados. Durante este tiempo prolongado sin inicio efectivo del juicio oral y público, varios acusados han gozado de detención domiciliaria mientras permanecían activos en sus cargos o hasta su baja definitiva tras medidas gubernamentales. Actualmente solo el general Juan José Zúñiga permanece detenido en un recinto carcelario común. La demora procesal no solo afecta a los implicados directos sino también amplía las consecuencias negativas para sus familias al prolongar su incertidumbre legal y administrativa.

En suma, este caso refleja un escenario complejo donde decisiones administrativas relacionadas con sanciones militares repercuten directamente sobre derechos fundamentales como el acceso a la educación para hijos menores. La falta de respuestas claras y apoyo institucional a estas familias pone en evidencia tensiones entre procesos judiciales y políticas sociales dentro del ámbito castrense y estatal. La resolución pronta y justa tanto del juicio como del tratamiento hacia las familias afectadas será clave para restablecer garantías básicas y evitar mayores perjuicios derivados del conflicto militar-político conocido como ‘Zuñigazo’